“A mí ya me rompieron el alma el resto de mi vida, pero es fundamental que quienes tienen que cuidarnos asuman sus responsabilidades”.
Alejandro Martí
La vida de Fernando Martí ya nadie la podrá recuperar. Pero el secuestro y muerte de este joven puede todavía servir para algo. Podría, de hecho, obligar a las autoridades del país a entender que han abandonado la principal obligación de un Estado, defender a los gobernados de agresiones.
Alfredo Harp Helú, amigo y socio de Alejandro Martí, el padre de Fernando, describió ayer en una carta la pesadilla a la que se enfrenta un familiar de un secuestrado: “Buscó por todos los medios la manera de que su hijo volviera, se hincó ante las autoridades, pidió auxilio a la Policía, visitó las oficinas de los procuradores, rogó a Dios mañana y noche, deseó cambiar su vida por la de su pequeño”. Y éste fue el caso de un empresario reconocido, con excelentes contactos con la autoridad. Podemos imaginar lo que ocurre con otras personas que son objeto de secuestro.
Fernando puede todavía ayudar a muchos si su memoria se convierte en un catalizador de cambios. Este chico de apenas 14 años de edad, cruelmente secuestrado y asesinado, puede obligar a políticos y comandantes de Policía a hacer su trabajo y tomar medidas para combatir este crimen, que es uno de los que más agravian a la sociedad mexicana.
La consabida idea de que el secuestro es un crimen que sólo afecta a los ricos cada vez cae más por tierra. Basta con preguntar un poco y encuentra uno de inmediato historias de secuestros que afectan a personas de todos los niveles sociales. María de Jesús Delgadillo, de 27 años, fue secuestrada y asesinada hace apenas algunos días, después de que se pagó por ella un rescate de 156 mil pesos. En los últimos días he sabido de personas que son rescatadas con 5,000 o 10,000 pesos. Se ha vuelto costumbre, en muchos lugares, extorsionar y secuestrar a comerciantes muy pequeños.
Los costos del secuestro, sin embargo, van mucho más allá de lo que se paga en rescates. Cuando a mediados y fines de los años noventa se registró otra oleada de secuestros, quizá tan fuerte como la de ahora, el resultado fue no sólo la pérdida de vidas y la generación de un ambiente de inseguridad, sino una fuga de capitales muy considerable y la salida de familias enteras del país. Sin duda ha habido un costo económico muy grande, y se han dejado de generar miles de empleos productivos, como consecuencia del temor generado por los secuestradores.
¿En qué puede ayudarnos Fernando? En acicatear a todos los responsables para que se tomen medidas que realmente permitan atacar este crimen tan costoso para la sociedad. No parece ser una cuestión de penas. Muchas voces se elevan hoy para exigir la pena de muerte como una reacción natural ante el secuestro y la muerte de Fernando. El Senado promete que ahora sí aprobará una iniciativa de ley que le daría cadena perpetua a quienes secuestren y maten a menores de edad. Pero no estoy seguro de que el tener mayores penas cambie realmente la situación.
Los delincuentes cometen crímenes porque saben que tienen muy buenas posibilidades de no ser nunca atrapados. En el caso del secuestro, las posibilidades parecen ser incluso mayores que en otros tipos de crímenes. El hecho de que una parte muy importante, quizá la mayoría, de los secuestros nunca se denuncie, garantiza impunidad. Si no hay denuncia, no hay acción legal posible. Afirmar que se cambiará la actual pena de 50 años de cárcel a cadena perpetua no parece ser un disuasivo suficientemente fuerte para impedir nuevos secuestros. Lo que hay que hacer es acabar con la impunidad. Y para eso hay que capturar a los secuestradores.
¿Qué medidas se pueden tomar? Una es hacer que el secuestro se persiga de oficio y no por denuncia específica. Esto haría que las procuradurías tuvieran obligación de investigar cualquier secuestro del que tuvieran noticia independientemente de que hubiera o no denuncia. Se evitaría así por lo menos esa carga de decisión que tienen las familias hoy para saber si denuncian o no un delito.
Los equipos antisecuestros deben contar con personal suficiente y tecnología adecuada para combatir a las bandas criminales. Hasta ahora el Gobierno Federal ha dedicado la mayor parte de sus recursos de seguridad y procuración de justicia a crímenes sin víctima, como los delitos contra la salud, pero se ha olvidado de combatir los crímenes de violencia contra una víctima.
Debe haber, por otra parte, un seguimiento muy puntual de las acciones y la efectividad de los grupos antisecuestros. A través de monitoreos de la vida familiar y de otros procedimientos debe evitarse que los policías antisecuestros se conviertan ellos mismos en secuestradores.
Fernando, tú más que nadie puedes ayudarnos a lograr éstas y otras reformas. La sociedad está tan conmocionada por tu secuestro y homicidio que sólo tú puedes obligar a los políticos a hacer las reformas que necesitamos.
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA
Eduardo Sojo es un hombre de primera. Pero si se quiere construir un nuevo Instituto de Estadística realmente autónomo y respetado, sería imprescindible empezar por una forma distinta de escoger a su nuevo presidente. Mandar a un cercano colaborador del presidente Felipe Calderón a esa función es politizar la institución desde el primer momento. Lo ideal habría sido tener a un académico independiente y respetado como cabeza del nuevo Instituto de Estadística.