“El objetivo real del operativo fue el de asegurar a un grupo numeroso de personas […] cuya falta más grave […] era la de consumir cerveza”.
Emilio Álvarez Icaza
Joel Ortega tuvo que renunciar a su cargo como secretario de Seguridad Pública de la capital. El informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal era contundente. La SSP no sólo es responsable del operativo policial que llevó a la muerte a 12 personas en la discoteca New’s Divine el 20 de junio, sino que trató de ocultar lo ocurrido, al editar los videos presentados a la CDHDF y entregar una cámara que no era la que realmente se utilizó para grabar los hechos. “La acción de la Policía, sus decisiones y los objetivos reales del operativo –señaló el presidente de la comisión, Emilio Álvarez Icaza— crearon una trampa que cobró la vida, y hay que decirlo hasta el cansancio, de niñas, niños y adolescentes que lo único que hacían era divertirse”.
Ha presentado su renuncia también el procurador Rodolfo Félix Cárdenas. El informe de la CDHDH señala que los agentes judiciales y ministerios públicos violaron los derechos humanos de los jóvenes que se encontraban en el local al detenerlos sin orden de aprehensión, al hostigarlos en el traslado y en las instalaciones de la procuraduría, al hacer declarar a menores sin la presencia de sus padres o abogados y al desnudar a adolescentes supuestamente para certificar su estado de salud.
Responsable también de los hechos, según la Comisión de Derechos Humanos, es la delegación Gustavo A. Madero, que permitió la operación de un antro que no cumplía con los requisitos necesarios de seguridad.
Una vez más ha quedado claro que la tragedia no fue responsabilidad de Alfredo Maya Ortiz, el responsable legal del New’s Divine, quien se encuentra encarcelado bajo el cargo de corrupción de menores por supuestamente haber permitido que se sirviera cerveza a algunos menores de edad. Tampoco es culpa del edificio en que se alojaba la discoteca y que ayer fue ridículamente expropiado por el Gobierno de Marcelo Ebrard.
El informe de la CDHDF echa por tierra uno de los pretextos que se usaron para el operativo: no hay ninguna indicación de que se vendiera droga en el New’s Divine. Por otra parte, los indicios de que se sirviera alcohol a menores de edad son, cuando menos, débiles.
La culpa de la tragedia es fundamentalmente de un sistema perverso que permite, a cambio de dinero, la operación de lugares de diversión que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad; también de unos operativos policiales que se llevan a cabo con el sólo propósito de detener a jóvenes sin órdenes de aprehensión y extorsionarlos a ellos y a sus padres; y de un sistema de procuración de justicia que considera normal violar los derechos de los detenidos, por faltas reales o imaginarias.
Desde el principio he rechazado el intento de utilizar las pérdidas de vida del New’s Divine como excusa para pedir la destitución de algún funcionario. No hay nada más inmoral que aprovechar la muerte de un inocente para promover alguna causa política. Pero la información que ha surgido poco a poco de lo ocurrido el 20 de junio señala responsabilidades ineludibles.
Guillermo Zayas, el comandante del operativo, es responsable de homicidio imprudencial (no doloso, como mantiene la procuraduría) por los graves errores en el operativo que se llevó a cabo en el New’s Divine. El ex secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, es culpable de haber mantenido operativos intimidatorios heredados de otras épocas, que no servían más que para detener y extorsionar a inocentes. El procurador Rodolfo Félix Cárdenas es responsable de haber permitido que se violaran los derechos humanos de los jóvenes detenidos ilegalmente en el operativo y cuyo crimen era, si acaso, haberse tomado una cerveza.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha cumplido con su función al ofrecer un reporte detallado y objetivo de lo acontecido el 20 de junio en el New’s Divine y al señalar las fallas del operativo y las violaciones a los derechos humanos que se realizaron en él.
El jefe de Gobierno Ebrard ha actuado, hasta ahora, correctamente. Si bien era inapropiado exigir renuncias mientras no hubiera un deslinde de los hechos, hoy tenemos ya ese deslinde. De ahí las renuncias. La responsabilidad mayor del gobernante, sin embargo, apenas empieza. Más que aceptar renuncias, o llevar a cabo expropiaciones sin sentido, Ebrard tiene la obligación de cumplir con su promesa de transformar el sistema de permisos para centros de diversión y de eliminar los operativos intimidatorios. Su responsabilidad es asegurar que nunca más se castigue a un adolescente con la pena de muerte por el delito de beber una cerveza.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El ministro José Ramón Cossío tenía razón al pedir que la Suprema Corte equilibrara las garantías de libertad de expresión del Artículo sexto con la censura que ordena el nuevo Artículo 41 de la Constitución. Al final, sin embargo, los ministros determinaron que lo que dice la Constitución es ley, aun cuando contradiga a la propia Constitución. Es una pena. Significa que si el Congreso aprueba un Artículo constitucional que ordene matar a todos los judíos en el país, el Artículo será validado por la Corte. Pero la culpa no es de los ministros, cuya función es hacer cumplir la Constitución, sino de un Congreso que votó por violar la libertad de expresión.
