El Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Desarrollo Social firmaron ayer por la tarde un convenio para evitar que los programas gubernamentales sean utilizados con fines político-electorales.
El titular del IFE, Leonardo Valdés, dijo que una democracia de calidad no puede consentir, bajo ningún concepto, el desvío de recursos públicos hacia la promoción de la imagen de funcionarios.
Por tanto advirtió que el IFE no escatimará esfuerzos para hacer que se cumpla la Ley.
Durante la firma del convenio, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, confirmó que se revisará el reglamento de la Unidad de Fiscalización para normas las sanciones de que serán objeto los funcionarios que violen los artículos 41 y 134 de la Constitución.
Lo que se busca con estas reformas –que podrían discutirse el próximo 22 de diciembre-, es evitar que los servidores públicos “distorsionen” la equidad de la competencia electoral entre partidos; y garantizar que se apliquen con equidad los recursos públicos para los fines para los que están destinados.
En suma, el objetivo es que no se desvíe para fines electorales, de promoción del voto o imagen de los funcionarios públicos, la propaganda gubernamental; y que exista un régimen de sanciones debidamente estipulado.
