Fue sincero el presidente Felipe Calderón al reconocer ante su homólogo colombiano Álvaro Uribe, que el conflicto entre Quito y Bogotá “ha resultado particularmente difícil para México”. Tanto ha sido así que a la Cancillería mexicana le cuesta particular esfuerzo establecer la posición de nuestro país ante el ataque militar en que murieron cuatro mexicanos y quedó herida una más. A diferencia de su rápida reacción ante el anuncio de la expropiación de la industria cementera de Venezuela –lo que muestra que a la pragmática diplomacia mexicana importa más la bolsa que la vida— el Gobierno de México ha sido lento en procesar el caso y no se ha atrevido a formular al de Colombia una reclamación por la suerte de esos cinco gobernados.
A todo lo más que ha llegado es, como lo hizo ayer Calderón ante Uribe en Cancún, es a externar lo que debió ser parte de la posición de su Gobierno, el obvio reconocimiento de que a: “los nacionales mexicanos involucrados, les amparan derechos conforme al marco legal mexicano e internacional, que deben ser respetados”, lo cual hizo después de expresar la reiterada reticencia gubernamental sobre “las circunstancias personales” de las víctimas mexicanas. No fue más allá frente a su interlocutor. Sólo “reiteró –dice el comunicado oficial de Los Pinos— la determinación de su Gobierno de respaldar, en lo conducente, a los familiares de las víctimas en sus exigencias de justicia”. Para hacerlas valederas, añadió Calderón como si hablara en nombre de Uribe, “resulta indispensable el pleno y oportuno esclarecimiento de las circunstancias en que murieron y fueron heridos los nacionales mexicanos”.
Tal esclarecimiento corresponde, en principio, al Gobierno de Quito, cuyo territorio fue atacado y donde se produjeron las muertes, toda vez que, por añadidura, las víctimas de la acción militar colombiana no fueron sólo nacionales de ese país, miembros de las FARC, sino también un ciudadano ecuatoriano y los mexicanos. Por ello la actitud del Gobierno de Bogotá en cuanto a esas víctimas es una nueva intromisión colombiana en los asuntos de Ecuador. Menos grave que la invasión militar -por breve que fuese se trató de una invasión y no de un ataque “en caliente”, pues los guerrilleros no eran perseguidos ni cruzaron la frontera para ponerse a salvo— pero no irrelevante es el ofrecimiento de Uribe a ciudadanos mexicanos a quienes recibió en Cancún ayer, de averiguar lo ocurrido… en territorio ecuatoriano.
Uribe recibió al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y al abogado José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública para abordar el tema. Ortega presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia para que se averigüe qué hacían los mexicanos en el campamento de las FARC, algo que la sobreviviente Andrea Lucía Morett ha explicado suficientemente: estando en Quito tuvieron ocasión de entrevistarse con “Raúl Reyes”, el número dos de las FARC y acudieron en su busca a partir de su propio interés por la liberación latinoamericana.
Una suspicacia tan gratuita como la de Ortega había expresado la Cancillería mexicana, en su intento de eludir, no digamos un impensable reproche diplomático a Bogotá, que sería contrario a una tersa y cordial relación entre los dos Gobiernos sino siquiera una defensa de los derechos de las víctimas. Esa relación “se caracteriza –dijo ayer un comunicado mexicano— por un excelente diálogo político a todos los niveles, crecientes nexos comerciales y de inversión, importantes coincidencias en temas de interés regional y multilateral y una cooperación cada vez más estrecha en diversos ámbitos”.
Ese estrechísimo lazo no iba a ser aflojado por el asesinato de unos estudiantes mexicanos, cuya suerte no causó indignación y ni siquiera pesar a su Gobierno, sino “preocupación (por que) estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y su naturaleza violenta, por se autora de múltiples secuestros, actos de sabotaje, extorsiones y actividades de narcotráfico”. En ese momento, 14 de marzo, México dijo haber pedido a Bogotá que “proporcione a nuestro país cualquier información derivada de las investigaciones que en relación con estos hechos se llevan a cabo”. En la misma línea, corregida ahora por Calderón, la Cancillería informó haber solicitado a Ecuador “que se lleven a cabo las investigaciones del caso para establecer detalladamente los hechos y determinar la situación jurídica de los nacionales involucrados”.
Aunque el subsecretario, Gerónimo Gutiérrez, recibió a los deudos de las víctimas mexicanas, todavía demoró en integrarse la postura mexicana, que sólo comenzó a hacerse explícita, en el nivel presidencial, cuando vino el presidente de Ecuador Rafael Correa. A través suyo, y no de modo directo, como si fueran ecuatorianos y no mexicanos, Calderón, “reiteró sus condolencias a los familiares de los jóvenes que perdieron la vida, y el Gobierno mexicano hace suya su exigencia de justicia”. Añadió que no se sentirá satisfecho “hasta en tanto no se esclarezcan plenamente las circunstancias, los hechos…”.
Por su parte, Uribe los tiene claros. Expresó sus conclusiones ante González Márquez y Ortega que lo buscaron ex profeso en la reunión regional del Foro de Davos. Según un comunicado oficial del Gobierno bogotano, el presidente de Colombia razonó: “nada distinto estarían haciendo allí que simplemente una acción de integración en las actividades terroristas de ese grupo terrorista”.
