En las cárceles colombianas hay unos mil 700 rebeldes de las FARC.
El Gobierno del presidente Álvaro Uribe estudia extender los beneficios de la llamada “Ley de Justicia y Paz”, a encarcelados miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se informó ayer.
La Ley de Justicia y Paz, de julio de 2005, dicta las reglas para la desmovilización individual o colectiva de grupos armados ilegales, desde paramilitares a guerrilleros, recibiendo esos desmovilizados beneficios como penas de cárcel de máximo ocho años, pero si cumplen previamente varios requisitos, entre otros, comprometerse a cesar toda actividad ilícita y aportar datos que contribuyan a desmantelar el grupo al que pertenecían.
En las cárceles colombianas hay aproximadamente unos mil 700 rebeldes de las FARC, de los cuales al menos 600 reunidos en un grupo llamado “Manos para la Paz” ha enviado en las últimas semanas comunicaciones al Gobierno manifestando que desean acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y no retornar a las filas rebeldes, indicó el ministro del Interior, Carlos Holguín, en conversación telefónica.
“Se trata simplemente que hay un movimiento de prisioneros de las FARC que están hoy en las cárceles que han manifestado que quieren salir de las FARC, que quieren retirarse y que no quieren ser ‘canjeables’... y para ello solicitan ser desmovilizados individualmente y quedar sometidos a la Ley de Justicia y Paz”, dijo Holguín.
Esa posibilidad de extender los beneficios “se está estudiando y puede salir la semana entrante”, la decisión, agregó el ministro.
Tradicionalmente algunos rebeldes encarcelados dicen seguir manteniendo sus lazos con las guerrillas o manifiestan su militancia en las FARC, que desde hace varios años ha propuesto al Gobierno un canje de al menos 40 secuestrados en su poder por cientos de insurgentes en prisión.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hasta ahora no han presentado una lista de rebeldes que desean intercambiar por secuestrados y sólo mencionan que dos de ellos son condición inamovible para proceder al intercambio: Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”, así como Anayibe Rojas, alias “Sonia”, dos altos miembros de las Fuerzas rebeldes extraditados a Estados Unidos en 2004 y 2005, respectivamente.
DENUNCIAN PACTO DE REBELDES CON CHÁVEZ
El ingeniero y geólogo colombiano Jorge Andrés Sierra, quien estuvo veinte meses secuestrado por el ELN, afirmó ayer que los guerrilleros lo llevaron a Venezuela, porque tenían un supuesto pacto con el presidente de ese país, Hugo Chávez, y el país limítrofe era “territorio libre” para ellos.
Sierra, que se exilió tras ser liberado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), declaró al programa de radio “Colombia Universal”, que fue llevado a las selvas venezolanas, porque Venezuela era “territorio amigo”, según los captores.
Añadió que los insurgentes, que tenían otros seis colombianos cautivos en territorio venezolano, afirmaban que había un “pacto de no-agresión” con el mandatario, según el cual “no secuestraban venezolanos y Chávez les permitía estar en Venezuela”.
“Cuando sobrevolaban los helicópteros militares venezolanos, los pilotos sacaban la mano por la ventana y se saludaban con los guerrilleros. Yo gritaba que estaba secuestrado, pero me decían que si me escapaba la Guardia Nacional venezolana me volvía a entregar al ELN”, explicó el geólogo.
