Diputados del PAN presentaron una iniciativa de reformas legales para aumentar las penas de prisión a quienes roben y comercialicen ilícitamente con gasolina y diesel.
La propuesta que busca modificar los Códigos Penal Federal, Fiscal de la Federación, Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, plantea una pena de 6 a 10 años de prisión a quienes participen en el mercado ilícito de combustibles.
“Ante este crecimiento constante del mercado ilícito de combustibles, Pemex ha hecho lo propio y ha instrumentado algunas acciones para buscar combatir este comercio ilícito; y estos esfuerzos que ha hecho no han sido suficientes.
“Por eso, el día de hoy hemos tomado la decisión de presentar esta iniciativa, dado que hay algunas imprecisiones que impiden que se pueda sancionar con severidad a quien comete este tipo de ilícitos”, dijo el diputado panista José Antonio Muñoz, al presentar la iniciativa.
Manifestó que no se ha podido combatir el ilícito por la imprecisión del tipo de penal y las penalidades bajas; la no tipificación como graves de los delitos relacionados con el mercado ilícito de combustibles, lo que permite la libertad bajo caución; y la falta de coordinación entre las dependencias federales, estatales y municipales.
La iniciativa propone la misma pena de 6 a 10 años de prisión a quienes comercialicen los combustibles que les hayan sido otorgados bajo programas de subsidio o estímulo fiscal.
Así también para quienes adulteren, alteren, modifiquen o reduzcan por cualquier medio -con fines de comercialización- las propiedades o componentes que debieran tener los combustibles, hidrocarburos o derivados que producen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
La propuesta del PAN pretende castigar también el apoderamiento no sólo de equipos o ductos de la industria petrolera, sino también de los materiales.
También se busca agravar la penalidad prevista cuando el responsable sea trabajador o ex trabajador de la industria petrolera.
El diputado José Antonio Muñoz resaltó que el robo o alteración de combustibles le han costado al país 4 mil 737 millones de pesos.
De las mil 563 tomas clandestinas que se han descubierto de 2000 al 2008, sólo hay 308 inculpados, de los cuales 111 están en prisión preventiva y 47 tienen sentencia ejecutada.
