El Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de administrar y vigilar a los juzgados y tribunales de todo el país, inició un juicio para no pagar el impuesto predial.
El juicio lo promovió en contra del municipio de Acapulco, que le requirió al Consejo el pago del impuesto que genera por concepto del predio que ocupan los juzgados y tribunales federales en la localidad.
Por la relevancia del caso, y para evitar que el asunto sea decidido precisamente por los tribunales que controla el Consejo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el juicio.
Los ministros de la Primera Sala de la SCJN, la institución de mayor jerarquía en el Poder Judicial, incluso por encima del Consejo, atrajeron este asunto también por su trascendencia y por el precedente que ayudará a fijar para casos similares que se presenten en el resto del país.
En el juicio de amparo —conocido técnicamente como directo administrativo y con número de registro 34/2008-PL—, lo que alega el Consejo de la Judicatura es que todas las instituciones u órganos que forman parte del gobierno federal están exentos del pago del impuesto predial.
Es decir, que no sólo los juzgados y tribunales sino todos los edificios y sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales están exentas del impuesto predial.
Un tema que ahora tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia, la cual tendrá que decidir si los juzgados y tribunales pagan el impuesto predial o no.
El amparo que promovió el Consejo de la Judicatura se suma al juicio que inició la propia Corte —y que también está pendiente de resolver— para que todos los órganos del Poder Judicial no paguen el Impuesto Sobre la Nomina y el consumo de agua.
Desde hace un par de años, el ministro Mariano Azuela le pidió a sus compañeros de la Corte que revisaran la posibilidad de dejar de pagar el ISN y los servicios de agua, porque en su opinión la Constitución no prevé que las instituciones que forman parte de la Federación paguen este tipo de tributos.
La medida es analizada actualmente por el pleno de la Corte. Incluso el 19 de mayo pasado desechó un recurso que promovió el gobierno de Oaxaca, en el que dicha entidad le decía que no podía ser juez y parte en un caso de este tipo.
En ese momento la Corte resolvió que sí puede revisar si ella misma y el resto de órganos del poder judicial dejan o no de pagar dichos impuestos.
