Instalan mesa de trabajo para evitar o controlar actos cometidos por algunas corporaciones que realizan investigaciones.
El Artículo 21 constitucional reconoce facultades de investigación de los delitos para todas las policías, siempre que en esta función actúen bajo el mando y la conducción del Ministerio Público. Los actos contrarios deben ser señalados en las Comisiones de Derechos Humanos y mediante denuncia ante las autoridades.
“Esto es la investigación criminal que hagan por cuenta propia las policías será inconstitucional al no contar con el aval del Ministerio Público”, afirmó el procurador Eduardo Medina Mora Icaza, durante la instalación del grupo de trabajo para el Análisis de las Reformas Constitucionales Aprobadas por el Congreso de la Unión en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública.
Para tratar de controlar o aminorar los actos cometidos por algunas corporaciones policiacas que realizan investigaciones de delitos al margen de la Ley, La Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), instaló un grupo de trabajo para analizar la Reforma en materia de Seguridad y Justicia Penal.
Cada vez son más frecuentes los señalamientos ciudadanos por los allanamientos que realizan policías de los tres niveles de Gobierno, escudados por sus armas y ocultos tras pasamontañas con el fin de actuar libremente, pero sin que puedan ser identificados por la gente que se sienta afectada en sus Garantías Individuales.
El tema recientemente se analizó por senadores, diputados, procuradores y representantes de 23 estados de la República Mexicana, evento donde el 9 de abril del presente, participó el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora Icaza.
Medina Mora explicó que el Congreso de la Unión fue muy cuidadoso en evitar que las policías se saltaran los controles jurídicos propios de cualquier democracia que pretende velar, como primera obligación, por los derechos de los ciudadanos.
Ante los responsables de justicia y seguridad de las 23 entidades federativas presentes y bajo la conducción del coordinador de la Comisión de Seguridad Pública de la Conago, Eduardo Bours Castelo, gobernador de Sonora, detalló que de acuerdo con la fracción VII del artículo 115 constitucional, las policías municipales estarán regidas expresamente por la Ley de Seguridad Estatal, con lo que se otorga a los Congresos Locales la facultad para proceder a la reconstrucción de sus propios sistemas de seguridad pública a lo largo y ancho de la geografía de cada estado.
MÁS SOBRE LA REFORMA
El titular de la PGR puntualizó que la reforma se enmarca en dos grandes temas: el Sistema de Seguridad Pública y el Sistema de Justicia Penal, sin duda, estrechamente relacionados.
Por lo que hace al sistema de justicia penal, dijo, los sistemas de enjuiciamiento han sido típicamente objeto de muchos cuestionamientos, pues representan la relación quizá más compleja de la autoridad con los ciudadanos, ante la posibilidad de afectar la libertad individual y en algunos sistemas, incluso la vida misma.
Señaló que la reforma establece las bases constitucionales para este sistema acusatorio, construido tomando en cuenta la historia jurídico-penal del país y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
El procurador comentó que los principios que rigen el sistema son el de la inmediación, respecto del cual la reforma establece una excepción en materia de delincuencia organizada.
De igual forma, el principio de contradicción que postula que para que una prueba sea válida en sentencia, tiene que ser desahogada en igualdad procesal del órgano de acusación con el de defensa y el principio de concentración que implica que el desahogo de todas las pruebas debe realizarse en una audiencia.
Asimismo, el de continuidad que obliga a que en caso de no poder ser desahogadas las pruebas en una audiencia el mismo día, continúe al día siguiente hábil y por días consecutivos sin interrupción hasta su finalización.
Eduardo Medina Mora indicó que algunos estados de la República, como Chihuahua, México, Nuevo León y Oaxaca, tienen avances sustanciales en la adopción del sistema acusatorio, no obstante, acotó, tendrán que revisar sus legislaciones para garantizar que se apegan a los principios constitucionales y proceder así a la declaratoria formal de que se ha adoptado el nuevo sistema.
El sistema acusatorio, añadió, tiene excepciones muy marcadas en materia de delincuencia organizada. Por ello, con la reforma se establece que ésta será una materia exclusivamente federal para evitar abusos o generalización de las excepciones.
El procurador General dijo que en el sistema acusatorio deberá prever una profunda reforma judicial, ya que la Constitución hace referencia a jueces de control dedicados a resolver medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas especiales de investigación que requieran autorización judicial (como la intervención de comunicaciones), jueces de audiencias preliminares, jueces de juicio y jueces de ejecución de sentencias.
Medina Mora subrayó que esta reforma se ajusta a la nueva realidad política de México, es decir, a la democracia, y que será eficaz para devolver a la sociedad la confianza tanto en sus instituciones de prevención y persecución del delito, como de procuración e impartición de justicia.
