Denuncian que las comunidades indígenas se abastecen de armas compradas a traficantes provenientes de Guatemala.
Con el dinero obtenido por la comercialización del café, las comunidades indígenas se abastecen de armas compradas a traficantes provenientes de Guatemala, y son utilizadas para rearticular a los grupos de autodefensa que operan desde hace más de 13 años, denunciaron habitantes de este montañoso municipio toztzil.
En esta localidad de los altos de Chiapas, escenario el 22 de diciembre de 1997 de la matanza de 45 seguidores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) reunidos en la ermita de Acteal, el miedo y el temor atenazan a sus habitantes, pero no alcanzan a esconder las denuncias sobre el resurgimiento y movilización de nuevos grupos, capaces de protagonizar nuevos ataques y enfrentamientos.
Esta situación quedó de manifiesto durante la reciente visita a Chiapas de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que en un mensaje exhortó al Gobierno Federal y al gobernador Juan Sabines Guerrero al desarme y la disolución de grupos paramilitares en Los Altos, Norte y Selva de la entidad.
BASTIÓN AMENAZADO
En esta comunidad sede del Caracol II -Corazón Céntrico de los Zapatistas, delante del Mundo- y uno de los principales bastiones políticos y sociales del EZLN, la realidad parece contradecir el tema de los grupos armados y denuncias de rearticulación de las bandas paramilitares.
La actividad cotidiana y productiva en este poblado tzotzil, localizado a 20 kilómetros de la cabecera municipal, transcurren en aparente normalidad.
Los hombres trabajan sus parcelas, las mujeres se dedican a sus quehaceres domésticos y trabajos artesanales y los niños reciben clases al aire libre en una de las canchas de las instalaciones escolares, lo que refleja que nada anormal podría estar ocurriendo en este lugar, símbolo de la insurgencia y la resistencia indígena.
Sin embargo, a finales de septiembre de 2007 surgió una denuncia contra la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y acusada de ser un grupo paramilitar.
La Junta de Buen Gobierno del EZLN culpó a esa organización de amenazar de muerte a las autoridades insurgentes, en represalia por la construcción de obras públicas emprendidas por los mandos rebeldes.
“Ahora estos mismos paramilitares, conocidos como Máscara Roja, junto a Los Puñales y Los Machines, representados públicamente por la OPDIC y con presencia en diferentes municipios de la Selva, Norte y Los Altos, aumentaron sus amenazas, hostigamientos, desalojos violentos y persecución de nuestros pueblos”, indicaron los rebeldes en un comunicado.
ALERTA SOBRE GRUPOS ARMADOS
El diez de febrero pasado, Marco Aparicio, uno de los voceros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que durante una semana recorrió diferentes regiones de la entidad, denunció la reactivación de grupos armados y bandas paramilitares en las regiones Los Altos, Norte y Selva de Chiapas.
Aparicio indicó que de acuerdo a testimonios de los habitantes de la región de Las Cañadas, municipio de Ocosingo, uno de los principales grupos de corte paramilitar es la OPDIC, afín al PRI. El Norte chiapaneco -Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua y Tila- fue de 1994 a 2000 escenario de ejecuciones y muertes de más de 200 indígenas choles. Los crímenes fueron atribuidos a la Organización Desarrollo Paz y Justicia, también vinculada al PRI.
Por esos homicidios están procesados y sentenciados en el penal El Amate, indígenas de la zona. Entre ellos el ex diputado local priista Samuel Sánchez.
Arsenal y drogas entran por el Sur
La porosidad de la frontera con Guatemala permite que los grupos puedan adquirir de extranjeros toda clase de armamento. Un fusil AK-47 puede comprarse entre 3 mil y 5 mil pesos.
Se trata de armas en su mayor parte remanentes de grupos guerrilleros que operaron en Centroamérica en los años 80 del siglo pasado.
Por ejemplo, en las diligencias del caso de Acteal se asienta que las armas que llegaron a Chenalhó, que convulsionaron al municipio durante 1997 y que tuvo su desenlace trágico en la matanza de Acteal, se adquirieron en el barrio de La Hormiga, un suburbio ubicado al Norte de la ciudad de San Cristóbal, habitado por indígenas provenientes del municipio de San Juan Chamula.
Hoy en día, para los habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es un secreto a voces que en esa área se siguen vendiendo armas provenientes de Guatemala, estupefacientes y automóviles de dudosa procedencia, señalan organizaciones no gubernamentales.
Durante el teatro de enfrentamientos por parte de indígenas tzotziles de Chenalhó, hace una década, el grupo paramilitar ligado al PRI adquirió las armas en este lugar, según obra en testimoniales del proceso judicial.
Esas armas empleadas hace 10 años, aún no han sido destruidas y podrían estar en poder de grupos de autodefensa o de poder ligados al PRI, algunos de ellos ligados a la Iglesia Evangélica. Como prueba, el Gobierno del Estado realizó un operativo y descubrió fusiles AK-47 en una cueva de la comunidad Los Chorros, Chenalhó.
En la zona Norte de la entidad, donde hace una década operó el grupo paramilitar Paz y Justicia, ligado al PRI, las autoridades no han informado hasta ahora sobre el decomiso de armas.
Lo mismo ocurre en la región Selva con miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), identificada como paramilitar y confrontada con organizaciones indígenas y campesinas de izquierda, quienes desde 1994 iniciaron un proceso de recuperación de tierras, principalmente en el municipio de Ocosingo.
La OPDIC fue fundada en 1998 en Ocosingo por Pedro Chulín Jiménez, dirigente del Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, cuyo principal corredor de operación son los valles de Ocosingo, donde la guerrilla zapatista tenía su base de apoyo. Hoy su existencia genera tensión, roces y provocaciones con grupos ligados al EZLN.
La presencia de organizaciones paramilitares en el estado quedó demostrada el 13 de noviembre de 2006, cuando se dio el ataque a la comunidad Viejo Velasco Suárez, Ocosingo.
Ese día, al menos 40 hombres uniformados como policías, dieron muerte a cuatro indígenas y cuatro más fueron reportados como desaparecidos.
El suceso, denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedó impune pues no hay detenidos.
