La interminable disputa entre el Grupo México y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana se expresa esta semana en la grave tensión que aflige a Cananea, en torno a cuya empresa cuprífera se aplican decisiones administrativas y judiciales que agravan en vez de paliar el conflicto que ha paralizado las labores desde el 31 de julio pasado. Por lo menos hasta el viernes próximo perdurará el riesgo de enfrentamientos entre trabajadores, como los hubo el viernes pasado entre huelguistas y la fuerza pública, que pretendió rescatar para los empleadores las instalaciones de la compañía más que centenaria.
En su fase más reciente, el conflicto tuvo momentos culminantes este fin de semana. El viernes 11 las policías Federal Preventiva y del estado de Sonora desalojaron a los huelguistas para poner en práctica un laudo de esa misma fecha que declaró inexistente la huelga y otorgaba un plazo de 24 horas para volver a sus labores o perder su empleo. La presencia y la acción policiales -echadas a andar horas antes de que se conociera el fallo de la justicia laboral- fueron encaradas por trabajadores que atacaron a la fuerza pública, episodio que produjo medio centenar de lesionados. Ya tarde ese mismo viernes un juzgado federal otorgó al sindicato la suspensión provisional solicitada en la demanda de amparo contra la resolución de la Junta. La decisión del juez de amparo generó una delicada situación, duradera por lo menos hasta el viernes, que puede derivar en fricciones y aun en violencia. El juez sexto en materia de trabajo en el Distrito Federal otorgó la suspensión “para el efecto de impedir que se den por rotos los contratos de trabajo existentes respecto de los huelguistas que continúan sosteniendo el estado de huelga; pero dejando la posibilidad (a la empresa) de reanudar sus labores con los trabajadores no huelguistas y con los huelguistas que voluntariamente deseen regresar al trabajo; todo esto mientras se resuelve, en cuanto al fondo, la demanda de amparo promovida contra la resolución que declaró inexistente el estado de huelga y hasta en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva”.
Ésta será resuelta el próximo viernes (mientras que la audiencia constitucional, referida al fondo del asunto ocurrirá el 13 de febrero). Mientras tanto, coexisten dos realidades: la huelga existe pero quienes la sostienen no pueden impedir la reanudación de labores. El sábado, la asamblea de la Sección 65 decidió por unanimidad no retornar al trabajo pero el domingo la empresa informó que 400 trabajadores ingresaron a la mina para participar en “actividades de revisión, inspección y limpieza de los equipos móviles y de algunas de las instalaciones industriales de Mexicana de Cananea”. A partir de ayer, en esas actividades participan “las empresas de expertos independientes que supervisarán las condiciones de higiene y seguridad”.
La empresa reclutó a quienes volvieron al trabajo mediante el pago de un bono de productividad de quince mil pesos y el pago de sus consumos de gas y de energía eléctrica. Busca de ese modo asegurar el recomienzo de sus operaciones, en sentido contrario a lo que anunció al comenzar el mes pasado, cuando se preveía “obligada en un futuro cercano al cierre de estas operaciones mineras (las de Cananea, San Martín en Sombrerete y Taxco) y por supuesto a la liquidación correspondiente de sus trabajadores en estricto apego a la Ley”. Al formular ese augurio, el 3 de diciembre Minera México argumentó haberse allanado a las demandas contenidas en los emplazamientos a huelga desde el 24 de agosto, pero que el sindicato se negó a aceptar ese allanamiento. Por eso los empleadores confiaron entonces en que “el buen juicio” de los trabajadores les impediría dejarse afectar “por las fechorías del grupo que controla el sindicato”. De ese buen juicio, adicionalmente, la empresa obtendría el beneficio de reanudar la producción de la mayor mina de cobre, de donde se extrae el 48 por ciento de la producción total del país.
Grupo México ha querido favorecer la expresión de ese “buen juicio” mediante diversos arbitrios. Uno de ellos consistió en promover la existencia de un sindicato alternativo. Cooptó al secretario general de la Sección 65, Francisco Hernández Gámez, y con él a la cabeza favoreció la creación del Sindicato Único de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (denominación idéntica a la del gremio encabezado por Gómez Urrutia, salvo por la obvia falsedad de que es el único), que hasta ahora no le ha sido útil para controlar a los trabajadores, como sí ha podido hacerlo en varias de sus plantas mediante otra añagaza legal.
El consorcio dirigido por Germán Larrea aceitó el herrumbroso aparato de un membrete al borde de la extinción, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana y contribuyó a que ganara la titularidad del contrato colectivo en las secciones correspondientes a ocho plantas del grupo. En aquel caso, y en el conflicto de Cananea, el consorcio cuenta con la eficaz complicidad de la Secretaría del Trabajo, la de antes y la de hoy, como se percibe a través de diversos datos. Uno sobresaliente es la pertenencia del sindicato renacido a la federación y a la Confederación Nacional de Sindicatos Independientes, miembros a su vez de la Alianza Sindical Mexicana, el agrupamiento alentado por esa Secretaría.
