EL GOBIERNO PANISTA de Felipe Calderón fue puesto en el banquillo de los acusados, en la pasada gran marcha por la seguridad y en contra de la impunidad. Su organizadora, la señora María Elena Morera, logró lo que muy pocos movimientos sociales habían podido hacer en el pasado: ponerle plazos, términos y condiciones a las acciones del Gobierno. A fin de que aquél rinda cuenta y resultados efectivos con relación al flagelo que azota a nuestro país.
ENTRE OTRAS DE LAS ACCIONES CONVENIDAS en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, se pactaron las siguientes: El incremento y uso eficiente de los recursos; mejorar el sistema de seguridad y de justicia; depuración y profesionalización del personal de seguridad; transparencia y rendición de cuentas; programas sociales, espacios públicos y rehabilitación; combate al secuestro; reformas legales; combate al tráfico de armas, mejor tecnología, combate al narcomenudeo; combate al “lavado” de dinero y al contrabando.
COMO PODRÁN RECONOCER nuestros lectores, se trata de una serie de propósitos y compromisos a cumplir, que no son otra cosa que las propias obligaciones que de siempre han tenido Estado y Gobierno para combatir la delincuencia y el delito al seno de la sociedad. Es como si los jueces pactasen un convenio en donde se obligaran a aplicar la Ley correctamente y dictar sentencias apegadas a las normas vigentes, cuando es precisamente ésa su obligación y la justificación de su misma existencia como poder del Estado.
POR LO PRONTO la señora María Elena Morera supo ponerle el cascabel al gato y lanzó la advertencia, que puso muy nerviosos a los panistas cuando les sentenció: que del cumplimiento de la mayoría de los compromisos asumidos por el Gobierno Federal, el de los estados y los municipios, dependerá la intención del voto de los ciudadanos para 2009, cuando sean las elecciones intermedias para elegir a los diputados federales al Congreso.
POR LO PRONTO, Coahuila ya está en plena campaña para renovar el Congreso local y de cuya integración dependerá finalmente la transición pacífica y tranquila a la nueva Administración del Gobierno Estatal.
POR SUS PROPIAS funciones, los diputados locales tienen competencia especialmente para hacer leyes y decretos. Su participación en la guerra que se libra actualmente en México en contra del crimen organizado, es realmente marginal o accesoria. Esto quiere decir que la oferta que pueden hacer a los electores de Coahuila los candidatos para conseguir el voto, es realmente pobre. Hacer leyes no entusiasma al electorado; pero lo que sí pueden hacer los aspirantes a diputados locales para entusiasmar un poquito a sus electores serían dos cosas:
PRIMERAMENTE, OFRECER LEGISLAR en materia penal para imponer la pena de muerte a los secuestradores y asesinos. Sabemos de todas las complicaciones legales que esto representaría tanto desde el punto de vista constitucional y a la luz de los tratados internacionales celebrados por México en los que se ha prohibido la pena capital. Sin embargo, la sociedad la está pidiendo (el gobernador Humberto Moreira ya lo mencionó) por lo que esto podría ser un nicho de votos electorales interesante para cualquier candidato.
LO SEGUNDO, ofrecer luchar por que se destinen importantes recursos económicos por parte del legislativo, para que se instituya una intensa y penetrante campaña tendiente a prevenir las adicciones entre niños y jóvenes, y el establecimiento de centros de rehabilitación para los enfermos que han caído en las adicciones. Recordemos que el consumo de las drogas es el otro extremo del problema del crimen organizado, toda vez que con el dinero que pagan por las dosis los adictos, el crimen obtiene el dinero para pagar a los sicarios que cortan las cabezas, así de fácil.
Y ES QUE NO HAY NADA que reditúe tanto en política, como saber escuchar a la sociedad.
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