Cuando la ciudadanía se queja de las molestias que le ocasionan las acciones u omisiones del Gobierno, es común que los representantes de éste pidan paciencia y comprensión. Hay algunos que se atreven incluso a sugerir a los quejosos que nos pongamos en los zapatos de los funcionarios públicos; que pensemos en los beneficios que tal o cual obra traerá y soportemos los problemas que causa durante su construcción; que seamos conscientes de que si los gobernantes no actúan para solucionar alguna insistente demanda de la sociedad es porque están atendiendo otras de mayor importancia o urgencia. Y así se va pasando el tiempo, hasta que la mayoría de los pobladores termina por habituarse a vivir con la cotidiana molestia. Lo anómalo, entonces, se vuelve ordinario y cada cual se las arregla como puede para seguir adelante. Esto es lo que sucede hoy con el desorden vial que desde hace meses impera en las calles de Torreón y Gómez Palacio.
De acuerdo, concedámoslo, aceptemos lo que repiten hasta el hartazgo los Gobiernos en su propaganda: que nunca antes se habían realizado tantas obras de infraestructura vial al mismo tiempo. Es cierto. Por ejemplo, en Gómez Palacio actualmente se construye un paso a desnivel sobre el bulevar Miguel Alemán mientras esta rúa es remozada en su totalidad, al igual que el bulevar periférico Ejército Mexicano. En Torreón, hoy en día se construye el Sistema Vial Centenario y el Sistema Vial Revolución, los cuales contemplan en total 10 obras, entre puentes y túneles; además se trabaja en la remodelación de algunas vialidades importantes, como la antigua carretera a San Pedro, y en la construcción de otros pasos a desnivel, como el del entronque de la autopista Torreón-San Pedro y bulevar Centenario. Y faltan todavía obras por iniciar, como la del túnel en el sector Alianza a la altura de las vías del ferrocarril o las proyectadas con recursos del Fondo Metropolitano.
Muy bien. Qué bueno que se inviertan nuestros impuestos en tantos proyectos. Qué bueno que el Gobierno haga lo que le corresponde hacer. El problema está en la falta de previsión del impacto que durante su construcción tiene la obra en la ciudadanía, impacto que es inevitable, sí, pero también reducible. Es ya casi una regla que las labores duren más de lo planeado y que en el entorno no se disponga de los suficientes señalamientos y rutas alternas adecuadas, lo cual, aunado a la falta de agentes de tránsito y de iluminación apropiada en las noches, hace que las vialidades en donde se trabaja se conviertan en verdaderas trampas para peatones y conductores. Ejemplos claros de ello son el bulevar Torreón-Matamoros y el periférico Gómez Palacio-Lerdo, cuyas obras además de afectar a los pobladores, obreros, comerciantes y empresarios de los alrededores, quienes día a día batallan para llegar a sus destinos, ponen en riesgo la integridad física de las miles de personas que tienen que circular por las mencionadas vías.
Los gobernantes evidencian su escasa o nula sensibilidad cuando desdeñan el impacto que tiene la construcción de las obras en la seguridad y movilidad de los ciudadanos, a quienes quieren tratar como menores de edad diciéndoles: “aguántense”. Pero, en ese caso, los ciudadanos no sólo tenemos que “aguantar” por las acciones de los Gobiernos, sino también por las omisiones. Por ejemplo, no se pavimentan calles que están prácticamente destruidas, no se tapan las zanjas que dejan los trabajadores del Simas, se permite la instalación de bases irregulares de taxis en vialidades importantes, no se regula la instalación de topes, no se corrigen las fallas en el alumbrado público, no se sincronizan los semáforos, no se contemplan vías y espacios para ciclistas y peatones, no se pone orden en la circulación de las unidades del transporte público, no se sustituyen los señalamientos inservibles, no se despliegan agentes de vialidad en cruces conflictivos, y todo el etcétera que el lector quiera agregar.
Y en vez de escuchar y atender el reclamo de la ciudadanía, las autoridades piden paciencia, comprensión y hasta empatía; es decir, quieren que nos quedemos callados y nos traguemos nuestro malestar. Pero, pregunto, ¿no debería ser al revés? ¿No se llaman servidores públicos quienes trabajan en los Gobiernos? ¿No se paga el salario de los funcionarios con el dinero de nuestros impuestos? ¿No somos nosotros los que les permitimos que se sienten en sus sillas de gobernantes a cambio de que sirvan a la sociedad? ¿Quién es el patrón de quién? Nosotros de ellos, claro está. Entonces, ¿no son ellos quienes tienen la obligación de comprender y ponerse en los zapatos del ciudadano? A fin de cuentas, nadie los mantiene en sus cargos a la fuerza, pueden irse cuando quieran si no pueden con el paquete. No nos están haciendo ningún favor.
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