La carta del general divisionario Sergio Aponte Polito al procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, es un tapabocas, una confirmación del poder alcanzado por el narco y por el Ejército, y un recordatorio de algunos pendientotes.
El procurador bajacaliforniano había pedido pruebas sobre la corrupción de las policías estatales y el general se las dio en una carta publicada el 22 de abril. Es un texto largo (3,801 palabras) con los nombres de los mandos policíacos y judiciales asociados al crimen organizado. De confirmarse lo ahí dicho se entiende que el poder alcanzado por la delincuencia en Baja California se debe, en buena medida, a la infiltración que hizo de la política y el Gobierno.
En un buen número de estados el narco ofrece dinero a candidatos a cargos de elección popular; quienes lo aceptan deben nombrar a gente cercana al narco para dirigir las corporaciones policíacas. En este terreno ha fracasado el Partido Acción Nacional que gobierna Baja California desde 1989. En la actualidad es una sociedad que vive atemorizada frente al caos y la anarquía en donde la esperanza se deposita en las decisiones individuales… y en los militares.
La carta ratifica el creciente poder de los militares. El general Aponte Polito reconoce que “constitucionalmente, la función de investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y la de aportar pruebas para la consignación de los probables responsables, corresponde a otras instancias, principalmente a la que usted representa” (no olvidar que le escribe al procurador). Sin embargo, como los civiles no han cumplido con esa tarea, las Fuerzas Armadas han tomado el control de la guerra de tres maneras: haciendo funciones de Policía, enviando a sus cuadros a dirigir corporaciones policíacas y estableciendo una relación de nuevo tipo con la sociedad.
En Baja California se confirma lo que las encuestas de opinión dicen: la ciudadanía desconfía de las policías y respeta al Ejército. Cuando los militares pidieron denuncias anónimas la ciudadanía les respondió. “Debido a la confianza que la sociedad le tiene al Ejército –escribe el general—, actualmente las unidades militares de la II Región Militar disponen, aproximadamente de 2000 denuncias ciudadanas”.
La carta del general tiene otras facetas. Un soldado no puede hablar en público sin la autorización del Secretario de la Defensa. Eso dice la Ley, eso impone la tradición y eso hacen quienes viven en ese mundo jerárquico. Las excepciones son raras y ninguna tiene la explosividad del texto aquí comentado. Aunque me resultó imposible obtener otro escrito del general Aponte Polito para compararlo con la sintaxis de su carta, el texto está tan cuidado y equilibrado que propongo como hipótesis que el mensaje fue pulido en la capital para enviar un mensaje a Baja California, México y el extranjero. Lo pienso porque si el general sigue firme en el cargo, su carta fue aprobada por el general secretario de la Defensa y… por el comandante en Jefe Felipe Calderón Hinojosa.
¿Por qué asumiría Felipe Calderón el costo de reconocer que en su partido hay gobernantes que ni son tan eficientes ni tan honestos como los jilgueros blanquiazules pregonan? Adelanto un par de explicaciones que se complementan entre sí. La situación es tan desesperada que quiere lanzar una señal de que su Gobierno va con todo en esta guerra. ¿Se imaginan qué pasaría si el Ejército extendiera el programa de denuncias anónimas a todo el país? Es igualmente posible que esté lanzando una señal al Gobierno de Estados Unidos sobre la urgencia que tiene la aprobación de la Iniciativa Mérida.
Desde otro punto de vista, la carta entrega datos y cifras, pero no adelanta conclusiones. Es útil conocer lo mal que anda la Policía de Baja California, pero ¿qué relación tiene eso con la estrategia integral –suponiendo que ésta exista? Como la información se presenta en bruto es imposible responder a esa pregunta incómoda que todos los funcionarios evaden: ¿Se está perdiendo o ganando la guerra contra las drogas en Baja California… y en México? ¿Baja California es la excepción o la regla?
Estarían, por otro lado, las nuevas formas de relación Ejército-Sociedad. Es muy saludable que el general Aponte Polito informe a la ciudadanía sobre la gravedad de la situación. Corresponde así a la confianza depositada por los miles de bajacalifornianos que se atrevieron a dar información anónima sabiendo que sus llamadas podrían ser interceptadas por la delincuencia.
Un ángulo más sombrío de la carta es el menosprecio hacia las autoridades civiles y la exaltación de la honestidad y compromiso de las Fuerzas Armadas. Comparto en parte esas opiniones y el general Aponte Polito tiene la trayectoria y la congruencia para respaldar su severísimo “yo acuso”. Sin embargo, en la carta no hay disposición a reconocer que una dimensión de la guerra es el choque al interior de las corporaciones donde también hay policías honestos y comprometidos. El general tampoco reconoce las violaciones a los derechos humanos que cometen las Fuerzas Armadas concentradas en obedecer la orden de ganar una guerra cada vez más sanguinaria.
Finalmente, la carta está montada sobre una contradicción monumental. La normatividad de las Fuerzas Armadas –por naturaleza jerárquicas— no está suficientemente integrada a las reglas democráticas que tenemos en parte por la frivolidad e indolencia de los gobernantes civiles. La ligereza de las autoridades de Baja California es tan inaceptable como el silencio del Congreso de la Unión incapaz de reconocer la urgencia de los diagnósticos y de las adecuaciones legales construidas sobre un consenso amplio sobre la forma en que el país enfrentará la principal amenaza a la seguridad nacional. Una carta del general que espera respuesta de estadistas.
NOTA
Esta columna se benefició de los comentarios de José Luis Pérez Canchola, un bajacaliforniano defensor de derechos humanos que también conoce de corporaciones policíacas y de Raúl Benítez Manaut uno de los académicos que mejor entienden a las Fuerzas Armadas Mexicanas.
LA MISCELÁNEA
La elaboración de una estrategia integral se beneficiaría de los ensayos escritos por Leonardo Curzio en su último libro, La seguridad nacional en México y la relación con Estados Unidos, México, UNAM-CISAN, 2007. Es una reflexión útil sobre los efectos en México de las transformaciones vividas por el nuevo contexto internacional.
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