Nueva York.- A la distancia, cada logro y cada derrota en nuestras vidas nos obligan a reflexionar sobre lo que sigue. ¿En qué se acertó y en qué se erró? ¿Es suficiente lo que hemos conseguido para enfrentar un problema o sólo ha sido un paliativo?
Antonio y Jorge, Karla y Karina son sólo dos de las casi 150 parejas de gays y lesbianas que valientemente han defendido la diversidad y luchado contra la homofobia que persiste en nuestro país al buscar un tibio reconocimiento legal de su unión amorosa.
Casi 300 personas en poco más de un año desde que las legislaturas de Coahuila y el Distrito Federal decidieron aprobar los pactos civiles de sociedades de convivencia, pese a los reclamos de la Iglesia Católica y ante el rechazo de los sectores conservadores de la sociedad mexicana.
Podrían parecer pocas, pero esas casi 150 parejas están mandando una clara señal de que México ha dado el primer paso para proteger a uno de los grupos más vulnerables de su población. Un paso que, pese a haber sido simbólico e importante, es aún insuficiente, porque hay 30 legislaturas más que no han seguido el ejemplo, pero sobre todo porque se sigue permitiendo al Estado hacer una distinción entre parejas de primera y de segunda, al dejarlo como el árbitro que decide quiénes son los ciudadanos que gozan plenamente de los derechos que el matrimonio civil otorga.
Por ello, Mario y Diana, una pareja transexual que contrajo matrimonio civil recientemente, desairaron la figura de las sociedades de convivencia y decidieron optar por el enlace civil, al que pudieron acceder como dos personas de sexo opuesto, pese a que en su acta matrimonial tuvieron que firmar con los nombres que ya no les corresponden.
El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia con diversas celebraciones en varias partes del mundo lideradas por un movimiento mundial en defensa de la dignidad y los derechos de las personas GLBT (gay-lesbianas-bisexuales-transgénero) que ha conseguido avances importantes en algunos lugares de Occidente, pero que en la mayor parte del mundo no ha logrado terminar con la violencia desatada en contra del ejercicio libre de una sexualidad distinta a la heterosexual.
Pese a que la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en noviembre de 2006 por el que exhorta al Poder Ejecutivo a incorporar esta fecha como una celebración oficial a nivel nacional, ni Vicente Fox ni Felipe Calderón han actuado conforme al exhorto legislativo. Lo anterior pese a que México ocupa el deshonroso segundo lugar en Latinoamérica en crímenes por homofobia. Lo repetimos año tras año. En 11 años más de 420 personas han sido asesinadas por ser homosexuales, lesbianas o transgénero y se calcula que unos 800 delitos más no han sido denunciados y la cifra de la violencia y el odio se incrementa silenciosamente cada día.
Cuando en los programas de televisión se explota el triste caso de Fabián Lavalle con morbo, cuando dos presidentes desoyen el exhorto del Congreso para conmemorar una fecha, cuando se alaba que Santiago Creel se haya portado como “todo un hombrecito” por reconocer a su hija nacida fuera del matrimonio, cuando una empresa decide no contratar a una mujer por el simple hecho de que se identifica como lesbiana, cuando en una escuela primaria un grupo de niños molesta a un compañero por ser afeminado o, peor aún, cuando una mujer transexual es golpeada y asesinada en las calles de Morelia y el Ministerio Público desatiende su caso, se fomenta la violencia, la misoginia y la homofobia.
Nuestra Constitución prohíbe la discriminación por motivos de preferencias (sexuales), pero de poco ayuda que lo que la Ley dicte si la homofobia aprovecha la débil aplicación de la Ley para colarse en las expresiones, acciones y decisiones de la sociedad.
Casi 150 parejas es un número que celebrar a poco más de un año a la distancia, pero ante las más de 1,200 personas que han sido víctimas del odio, el movimiento GLBT mexicano tiene poco qué celebrar y mucho por qué luchar en los años venideros.
Politólogo e Internacionalista
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