Cuarenta y tres funcionarios chinos fueron castigados por el principal órgano anticorrupción del país asiático por apropiación y uso indebido del material de emergencia enviado a los damnificados del terremoto del 12 de mayo, en el que han muerto y desaparecido 90 mil personas.
Doce funcionarios fueron expulsados de sus cargos por “graves delitos” en sus labores como responsables de la distribución del material, y otros 31 castigados, señaló el Ministerio de Supervisión, que no especificó el tipo de “castigo” que se les aplicaría a los segundos.
La corrupción de los funcionarios comunistas desde que China es un país capitalista es uno de los mayores motivos de tensión entre la población. El terremoto, con epicentro en la provincia de Sichuán (Suroeste) y que también afectó a las vecinas de Gansuy Shaanxi, que se cuentan entre las más pobres del país, se ha cobrado 70 mil vidas, mientras que otras 18 mil personas permanecen desaparecidas desde entonces.
El Gobierno recibió más de mil 178 quejas públicas hasta la semana pasada en las que se acusa a los funcionarios locales de apropiación y distribución indebida y otras corruptelas, señaló el Ministerio en declaraciones recogidas por el diario “China Daily”.
Según las ONG internacionales que trabajan en la zona, como Cruz Roja y Mercy Corps, en su caso el material de ayuda internacional que están recibiendo se está entregando correctamente, según su sistema de seguimiento y control.
No está sucediendo lo mismo con la ayuda que llega desde el Gobierno central chino, los locales y las donaciones nacionales, por lo que Pekín ha movilizado a diez mil auditores para averiguar a dónde van a parar los 4 mil 200 millones de dólares en fondos de ayuda que se están enviando a las provincias afectadas.
