El gobernador interino de La Paz, Pablo Ramos (izq.), es felicitado por indígenas aimaras durante su posesión junto a su nuevo homólogo de Cochabamba, Rafael Puente, celebrado en el Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, con el presidente boliviano, Evo Morales. (EFE)
El presidente Evo Morales ha desatado un nuevo “terremoto político” en Bolivia al convocar el referendo de la nueva Constitución mediante un decreto (o “decretazo”, como ya se conoce en el país), que sus opositores han tachado de “golpe a la democracia” y de “llamada a la guerra civil”.
Morales tomó el 67.4 por ciento de apoyo que logró en el referendo revocatorio del 10 de agosto, como un “mandato del pueblo” para avanzar en su “proceso de cambio” y por eso decretó, tal y como le pidieron sus bases, que los bolivianos acudan a las urnas el 7 de diciembre para ratificar la nueva Constitución.
Así, el presidente indígena puso el “dedo en la llaga” de la crisis boliviana, ya que el proyecto de Carta Magna que aprobó la Asamblea Constituyente a finales de 2007, en medio de la polémica y la confrontación, cuenta con el rechazo frontal de sus opositores partidarios y regionales.
Las primeras reacciones de la Oposición han sido llamar a la “resistencia civil” contra lo que consideran un “acto dictatorial” que, según esgrimen los oponentes de Morales, ahondará aún más en la polarización y división de Bolivia.
El sector oficialista, sin embargo, va por todas y aseguró que el referendo constitucional del 7 de diciembre se llevará adelante “con o sin la Oposición”, según el senador de Movimiento Al Socialismo (MAS, el partido de Morales), Antonio Peredo, en declaraciones recogidas por la agencia estatal ABI.
Analistas consultados expresaron su temor de que se genere una espiral de violencia en el país, porque las posibilidades de diálogo y concertación han quedado cerradas.
“Nunca el acuerdo ha sido tan necesario y nunca ha estado tan lejos”, opinó el sociólogo y ex constituyente Jorge Lazarte, quien ve en Bolivia un “proceso de desquiciamiento de la sociedad en su conjunto”.
BUSCAN ACERCAMIENTO
No obstante, Morales anunció ayer, antes de partir de viaje hacia Libia e Irán, que seguirá intentando el acercamiento con los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, misión que encomendó a cinco de sus ministros.
El analista Carlos Cordero consideró que el decreto de Morales sepultó cualquier posibilidad de diálogo “abierto y público”, pero opinó que una negociación “de bajo perfil” con algunos opositores autonomistas podría rebajar una eventual “espiral de violencia”.
La clave de esta negociación, según Cordero, sería la conciliación de los estatutos autonómicos aprobados unilateralmente por las regiones de líderes opositores con la nueva Constitución.
Estos expertos ven “ilegal” el “decreto combo” de Morales, llamado así porque convoca también para el 7 de diciembre elecciones departamentales en La Paz y Cochabamba y comicios para designar autoridades provinciales en todo el país, y además a consejeros en las nueve regiones.
Según Jorge Lazarte, el decreto presidencial usurpa las funciones del Congreso Nacional, entre otras violaciones al ordenamiento jurídico boliviano.
“No hay Estado de Derecho en Bolivia. Aquí rige el estado de la fuerza basado en la capacidad que unos tengan de imponerse sobre los otros”, afirmó Lazarte, en coincidencia con el analista Cordero, quien cree que el país camina hacia una “senda autoritaria”.
Por contra, el Gobierno defiende la validez de las convocatorias y se basa en que el Congreso ya aprobó en febrero -con los votos oficialistas y en medio de un cerco violento en torno al Parlamento protagonizado por sectores afines a Morales- la Ley para la celebración de la consulta constitucional.
En aquel momento, se fijó la fecha del 4 de mayo para el referendo constitucional, pero la Corte Nacional Electoral resolvió suspender su organización por no darse las condiciones técnicas, legales, operativas y políticas para llevarlo adelante.
Precisamente, entre las muchas incógnitas que se plantean ahora en Bolivia está la de conocer cuál será la postura de la Administración electoral, ante la convocatoria por decreto de la consulta constitucional.
OEA reitera su disposición para mediar
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, renovó ayer su llamamiento al diálogo en Bolivia y reiteró la disposición del organismo interamericano a colaborar en la promoción del entendimiento entre el Gobierno de Evo Morales y los prefectos opositores.
El titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo este planteamiento en la sesión ordinaria del Consejo Permanente del organismo.
En esa sesión, el jefe de la Misión de Observación Electoral para el referéndum revocatorio en Bolivia, Eduardo Stein, presentó su informe verbal sobre esos comicios, celebrados el pasado 10 de agosto.
Insulza destacó que ha acogido con “muy buena voluntad, con mucho afecto y mucho agradecimiento” la solicitud del presidente boliviano, Evo Morales, y de los prefectos (gobernadores regionales) opositores de que la OEA siga actuando como mediadora para facilitar el diálogo político entre ambas partes.
