Están cambiando al presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y si el Senado se descuida pondrá en riesgo la credibilidad del estratégico Censo de 2010. La causa es una ley con inconsistencias y una deuda política pagada por Felipe Calderón.
Con la Revolución Francesa se consolidó la idea de que los monarcas impuestos por voluntad divina serían sustituidos por gobernantes elegidos que tomarían sus decisiones sobre el conocimiento científico. Han pasado más de dos siglos desde aquel parteaguas y en todos los países subsiste, en mayor o menor medida, la irracionalidad de los gobernantes. Y quienes lo duden recuerden los años de Vicente Fox y George W. Bush.
Los políticos y gobernantes mexicanos siempre se han distinguido por su indiferencia hacia el conocimiento especializado. El grueso de quienes gobiernan considera que la función de los científicos e intelectuales es contar cosas interesantes durante las sobremesas. La indiferencia hacia lo racional viene de una visión patrimonialista del cargo, de la inseguridad que sienten ante personas con mejor formación y de que prefieren gobernar con gente como ellos.
Esto se ha ido modificando aunque con una lentitud exasperante. Una de las excepciones más refulgentes es el INEGI, la institución de Estado encargada de generar cifras confiables. Su función es indispensable en un país todavía inmerso en las ambigüedades del “mucho”, del “más o menos” o del “de alguna manera”. Las publicaciones y la página del INEGI se han convertido en instrumentos indispensables para entender lo que es y no es México. Y una de sus tareas más importantes es levantar el Censo General de Población y Vivienda los años que empiezan con cero (el próximo es el 2010). Mientras que las encuestas son estimaciones, el Censo es una certidumbre… cuando está bien hecho.
La elaboración del Censo es una operación bastante más complicada y laboriosa que la organización de una elección federal; si sólo tomamos en cuenta el tiempo el Censo se prepara durante un quinquenio. México se ha labrado un buen historial y es el único país de América Latina que los ha hecho de manera ininterrumpida desde 1900. Existen, por supuesto, fiascos como el Censo de 1980 cuya confiabilidad quedó tan en entredicho que algunos especialistas prefieren brincárselo. Su prestigio de Censo Maldito vino, al menos en parte, de decisiones políticas tomadas durante el frívolo sexenio de José López Portillo.
En fecha reciente el Ejecutivo y Legislativo se pusieron a trabajar y este año se promulgó una Ley que transforma al INEGI en un organismo de Estado con plena autonomía. Sin embargo, la legislación tiene huecos que, combinados con decisiones políticas, ponen en riesgo la confiabilidad del próximo Censo. El legislador olvidó que el Censo se levantará en 2010 e incluyó la obligación de nombrar en este 2008 al nuevo presidente del organismo para un plazo que terminará el ¡31 de diciembre de 2009! Quien sea nombrado ahora durará poco más de un año en el cargo; ante la brevedad lo sensato sería dejar al actual presidente, Gilberto Calvillo Vives, hasta esa fecha para concluir la preparación del Censo.
La situación se enredó cuando Felipe Calderón decidió pagar una deuda poítica con Eduardo Sojo al cual desplazó como secretario de Economía. En lugar de hacerlo embajador o algo así lo propuso para presidente del INEGI. Sojo tiene una buena formación técnica, pero su experiencia en el INEGI viene de haber sido empleado de bajo nivel en esa institución entre 1979 y 1982 (los años del Censo Maldito). Es probable que realice un buen trabajo, pero es irracional confiar en un “a lo mejor” cuando está en juego la certidumbre de un Censo tan estratégico. Sobre todo por que siguen imperando usos y costumbres tan arraigados como el del muégano: nuestros políticos cargan con “su gente” por todos lados. Los resultados pueden ser desastrosos.
Para recordar los riesgos tomemos las tribulaciones del también estratégico Consejo Nacional de Población (Conapo). Cuando Francisco Ramírez Acuña pasó por Bucareli invitó a dirigirlo a Elena Zúñiga, una demógrafa profesional altamente reconocida. Cuando lo sustituyó el “Señor de los Contratos”, Juan Camilo Mouriño, se trajo a Ana Teresa Aranda de subsecretaria; una funcionaria de fiera militancia panista y levísima educación formal. Al poco tiempo Ana Teresa eligió una excusa ridícula para librarse de Elena Zúñiga y la sustituyó con una “gente suya”. Además de tener fama de adormilarse en las reuniones, el nuevo director de Conapo, Félix Vélez, está ayuno de conocimientos de demografía. Sirvió de poco que Felipe Calderón obtuviera una Maestría en Políticas Públicas de Harvard; en su Gobierno sobrevive el menosprecio hacia el conocimiento especializado.
Por ahora está detenido el relevo en el INEGI y al Senado corresponderá decidir el próximo mes quién será su nuevo titular. Es imposible anticipar nada porque nuestros senadores tienen la mano ligera cuando se trata de mercadear cargos. Si optan por confirmar a Sojo como el próximo presidente del INEGI, al menos asegúrense de que habrá suficientes “candados” y controles que salvaguarden la confiabilidad del Censo de 2010. En este momento de severas críticas a la eficacia de la clase política deberían preocuparse por “blindar” el conocimiento acumulado en el INEGI; es una institución digna de ser protegida.
Agradezco las recomendaciones e información proporcionada por la Doctora Beatriz Figueroa, demógrafa de El Colegio de México.
LA MISCELÁNEA
La centralidad que tiene el INEGI se aprecia mejor cuando se constata que vivimos en un país de números poco confiables. El Hotel Quinta Real de Zacatecas presume de estar en el Olimpo de la calidad porque dice tener 4 Diamantes y 5 Estrellas. El lugar es espectacular, pero el servicio puede ser infame, la comida mediocre, las tortillas tibias y quebradizas, y los precios altísimos. En ese lugar rematamos una veintena de participantes en un foro sobre transparencia organizado por la contraloría de aquella entidad. Deseábamos celebrar y del Hotel salió un entripado de cinco estrellas. El desorden en el otorgamiento de diamantes y estrellas es tan monumental que la Secretaría de Turismo ya se dio por vencida y entregó la tarea de certificación a una empresa privada. ¿Y quién protege a los consumidores encandilados por el espejismo de supuestos diamantes y estrellas?
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