“El chantaje se ha vuelto respetable”.
Robert G. Menzies
Algunos sindicatos en México se han convertido en grandes negocios que se construyen al amparo de chantajes. Uno de los casos más recientes y más inquietantes es el que la CROC está realizando en contra de la empresa Grand Mayan en Los Cabos. El problema es que este chantaje está poniendo en riesgo una inversión de mil 200 millones de dólares en la zona.
Los hoteles Mayan son una de las historias de éxito más notables de la industria turística de nuestro país. Fundada en 1979, la empresa cuenta ya con poco menos de 20 mil empleados en distintas entidades del país. Debido a que es 100 por ciento mexicana, y sus utilidades se quedan en México y se reinvierten en buena medida en nuestro país, es la firma de turismo que le da un mayor grado de integración a las divisas captadas.
Recientemente el presidente, el ingeniero Daniel Chávez, se comprometió públicamente a duplicar el número de empleos del grupo en el actual sexenio. Pero este compromiso dependía en buena medida de los proyectos de inversión en Los Cabos que ahora están en riesgo.
A lo largo de los años, el Grupo Mayan ha trabajado con distintos sindicatos, algunos de la CROC y otros de la CTM. Su actual hotel en San José del Cabo, con 272 habitaciones, genera unos 400 empleos y apenas empezó a operar hace tres meses. Desde hace cinco años, cuando comenzaron las labores de construcción, la empresa firmó un contrato con un sindicato de la CTM. Pero la CROC exige que se le entregue y para ello ha empezado una huelga ilegal.
Un grupo de golpeadores de la CROC ha bloqueado el hotel y ha amedrentado y atacado no sólo a los trabajadores sino a los clientes. A algunos turistas se les impedía sacar sus pertenencias del hotel y cuando finalmente se les permitió hacerlo los miembros de la CROC les revisaban hasta el último resquicio del equipaje. Cuando menos uno de los turistas, un estadounidense, se enfrentó con las personas contratadas por la CROC para bloquear el hotel.
En otros países del mundo, o incluso en otras entidades del país, la autoridad habría intervenido de inmediato para levantar el ilegal bloqueo. Pero el gobernador perredista de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, en el afán de mantener una buena relación con la CROC, se ha negado a aplicar la Ley. Esto ha colocado a la empresa en una situación de abierta indefensión.
El hotel de San José del Cabo es sólo la primera parte de la incursión del Grupo Mayan en Los Cabos. La empresa ha comprado un terreno cercano de mil 100 hectáreas para realizar un nuevo desarrollo. Una inversión de mil 200 millones de dólares, una de las mayores en el ramo turístico en la historia de nuestro país, estaba ya lista para ser aplicada en ese terreno. Pero la empresa se ha visto obligada a suspenderla debido a la evidencia de que el Gobierno perredista de Baja California Sur no está dispuesto a cumplir la Ley.
No es éste el único caso en que el Gobierno de Baja California Sur ha permitido el chantaje a aquellos que apuestan su dinero en la entidad. Las invasiones de terrenos se han convertido en una pesadilla cotidiana para los inversionistas de la zona. Pero a pesar de que el Gobierno del Estado debería tener un interés enorme por evitar estas invasiones, con el fin de permitir que se generen los empleos que requiere la entidad, ha preferido servir de mediador para que los grupos de invasores tengan éxito en los chantajes que realizan contra los propietarios de los terrenos por desarrollar.
Lo paradójico del caso es que apenas el año pasado el gobernador Agúndez Montaño afirmaba al respecto de los conflictos generados por las invasiones de tierras: “En el Gobierno del Estado le apostamos a que este tipo de conflictos se resuelvan con base en el Estado de Derecho y a la mayor brevedad posible. Por ello, buscaremos las alternativas que nos permitan garantizar la certidumbre sobre la tenencia de la tierra tanto a los ciudadanos sudcalifornianos, así como a aquellos inversionistas bien intencionados que se hayan o deseen incorporarse a la actividad económica de la entidad”.
El caso del Grand Mayan de San José del Cabo puede tener una importancia crucial no sólo para Baja California Sur sino para el país. No es la primera vez que los sindicatos mexicanos chantajean a las empresas; pero en esta ocasión, la CROC lo está haciendo en abierta violación a la Ley, puesto que la empresa tiene un contrato vigente y válido con otro sindicato. Si las autoridades permiten que este chantaje fructifique, no habrá seguridad para ninguna compañía en México. De nada servirá tener un contrato firmado con un sindicato, porque otro llegará de inmediato a bloquear las instalaciones para pedir la titularidad o simplemente para exigir dinero para los líderes.
El Gobierno de Baja California Sur debe tener mucho cuidado. Violar la Ley abiertamente siempre tiene consecuencias negativas. En este caso puede llevar no sólo a la cancelación de una inversión de mil 200 millones de dólares que generaría 15 mil empleos sino a matar definitivamente a la gallina de los huevos de oro.
NAVARRETE
Es difícil pensar que la agresión contra el senador perredista Carlos Navarrete este domingo 24 de febrero haya sido espontánea. Todo parece indicar que fue un ataque previamente organizado. Tanto Alejandro Encinas como Andrés Manuel López Obrador deben deslindarse. No pueden aspirar a dirigir un partido demócrata como el PRD si agreden a quienes defienden ideas distintas a las de ellos.
