Cada temporada electoral es lo mismo, pero en esta ocasión el “salto” de funcionarios se vio con mayor intensidad en Coahuila. Siete regidores y síndicos de Torreón pidieron licencia. En todo el Estado, nueve alcaldes se separaron del cargo. Todos con la finalidad de buscar una diputación local.
Y esa fue la primera ronda, para esta semana se esperan dimisiones en el Gabinete del gobernador Humberto Moreira y de funcionarios municipales que buscarán una candidatura.
En el caso de alcaldes y regidores, muchos quisieron pretender que su renuncia no obedecía a fines políticos, sino personales, como los alcaldes de Matamoros, Raúl Onofre, de Viesca, Mario Alcocer, o de Saltillo, Fernando de las Fuentes. Será muy difícil para ellos explicar, cuando aparezcan como candidatos, cómo es que una candidatura es un asunto personal y no político, pero eso es tema para otra ocasión.
En esta ocasión, la desbandada de funcionarios revela cómo los servidores públicos ven sus cargos. No los ven como una encomienda, sino sólo como una escala de paso a otras cosas, a un proyecto político personal o de grupo.
En Torreón, dos de los regidores más cercanos al alcalde José Ángel Pérez, el primer regidor Pedro Ávila y el cuarto regidor Manuel Villegas pidieron su separación, lo cual significa que su papel como regidores era más orientado a un proyecto político que de servicio público.
Ávila, por ejemplo, se había involucrado en la renovación del servicio de limpieza, asunto que ahora dejará “colgado”, al menos hasta octubre, quizá definitivamente. Desde hace meses, Villegas combina su papel de servidor público con el de dirigente partidista.
En Coahuila, la estampida por candidaturas obligó al gobernador Humberto Moreira a “sacudir” su Gabinete. El secretario de Finanzas, Jorge Torres, salió para ocupar la alcaldía de Saltillo. El secretario de Gobierno, Homero Ramos, renunció “por motivos personales” aunque en su futuro se ve una diputación. Más cambios se esperan, incluyendo la salida del secretario de Desarrollo Regional, Eduardo Olmos, con lo que se confirma que esa dependencia era una agencia electoral.
Si bien es cierto que en un Gobierno sólido las instituciones importan más que las personas, también es cierto que un cargo público, especialmente de elección popular, es una relación de confianza con la ciudadanía. Los ciudadanos esperamos que aquellos que sean electos se dediquen con todo a su cargo y no lo utilicen como un simple “trampolín”, especialmente cuando, en el caso de regidores y alcaldes, todavía queda un trecho de año y medio que recorrer, en el cual se pueden hacer muchas cosas y llevar a conclusión los planes trazados.
Desafortunadamente, en nuestro sistema político, un cargo público es muchas veces una oportunidad para avanzar al siguiente escalafón.
