La comisión creada para concebir la reforma del Estado sólo logró 19 proyectos de iniciativas.
Terminado el año de vida de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), creada para concebir la reforma del Estado, y después de gastar más de 80 millones de pesos del erario, los diputados y senadores sólo lograron la unanimidad en seis propuestas de reformas legales, de las 19 que presentarán en formato de iniciativa en este periodo de sesiones.
El pasado domingo 13 de abril desapareció oficialmente la CENCA, que se creó con el compromiso de todos los partidos políticos para sacar adelante la reforma electoral, la judicial y la del Estado.
De esos tres grandes objetivos, la electoral se logró a medias, pues siguen pendientes las reformas secundarias; la segunda no se logró con las pretensiones del gobierno federal de legalizar el cateo y el allanamiento de morada en caso de que esté en peligro una vida, y la tercera, la del Estado, apenas si alcanzó algunas propuestas para acotar el fuero y permitir que el Presidente de la República no tenga que asistir al Congreso de la Unión.
Así, de las más 100 iniciativas que existían hace tres semanas, sólo quedaron 19 proyectos de iniciativas que tienen el consenso para ser aprobadas en el Congreso, las cuales consideran reformas a 92 artículos constitucionales.
Los principales objetivos en materia política están orientados a que los funcionarios comparezcan bajo protesta de decir la verdad ante el Congreso, y la creación del amparo colectivo, que permitirá que en casos como el ISSSTE los cientos o miles de inconformes protesten en un solo trámite.
Se prevé que el informe presidencial sea por escrito, ya sea con la presencia o no del Presidente de la República.
Hasta hace dos semanas había acuerdo en que el primer mandatario enviara el 1 de septiembre su informe de labores, y en marzo o abril del siguiente año se presentara ante los legisladores para entablar un diálogo abierto con ellos. Hubo acuerdo en la autonomía municipal y su integración al régimen federal, además de que se prevé entregarle a este régimen de gobierno la facultad de negociar y firmar tratados internacionales, y no prohibirles el asociacionismo intergubernamental.
Además, en el capítulo de garantías sociales se incorporó en las obligaciones del Gobierno federal velar por la educación media superior, a pesar de que el PRD pretendía que se garantizara la misma, lo que hubiera atraído un compromiso presupuestal, pues hoy en día el Gobierno no se responsabiliza por los estudios a nivel preparatoria.
Entre las iniciativas está la laicidad del Estado, y el pleno respeto a los derechos humanos, la identidad, vida libre de violencia, diversidad y respeto a los pueblos indígenas.
La CENCA llegó a su fin sin el protocolo acostumbrado y, en medio de la ocupación de las tribunas del Congreso por el FAP en contra de la reforma energética, el secretario técnico de la Comisión entregó a la presidenta, Ruth Zavaleta, las carpetas con los temas acordados por dos o más partidos políticos, los cuales deberán repartirse en una y otra cámara.
Para la CENCA se destinaron más de 80 millones de pesos. Con esos recursos se obtuvo un edificio frente al Monumento a la Revolución, se compraron dos camionetas del año para los secretarios técnicos, se contrató equipo de cómputo, se gastaron millones en viáticos y comidas, y se dieron sueldos a expertos de hasta 150 mil pesos.
Acusan exclusión en Reforma del Estado
El Consejo del Observatorio Ciudadano cuestionó la exclusión de la sociedad civil en el proceso de la Reforma del Estado.
El Observatorio, que agrupa a una decena de organismos civiles, demandó reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para establecer el reconocimiento de la sociedad civil como un interlocutor con derecho a expresar y promover sus puntos de vista y propuestas.
“El espacio para las organizaciones fue mínimo; los partidos toleraron su presencia, pero fue clara su falta de intención de abrir el espacio a una real y efectiva incidencia.
“Esta situación plantea un riesgo serio: la utilización de las organizaciones de la sociedad civil como mero aval de un proceso de negociación ceñido de modo claro a la racionalidad impuesta por los intereses de las dirigencias de los tres partidos mayoritarios”, indicó el Observatorio en un posicionamiento público.
Mateo Lejarza, representante del Comité Diálogo Interamericano, advirtió que ni los partidos políticos ni el Gobierno Federal querían una verdadera Reforma del Estado, por lo que toca a la sociedad civil hacerse escuchar.
Los organismos participaron en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), órgano rector de la conducción del proceso de la Reforma del Estado en México, cuyos trabajos concluyen hoy.
Pedro Javier Correa, de Iniciativa Ciudadana, insistió en que lo que debe interesar a las organizaciones ciudadanas es construir un espacio que garantice la presencia institucional de la sociedad civil en la Reforma del Estado.
