Miembros de la Policía Nacional de Colombia custodian al ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, antes de su extradición a Estados Unidos junto a otros 13 ex comandantes paramilitares por cargos como narcotráfico, “lavado” de activos y financiación al terrorismo. (EFE)
Grupos de activistas y parientes de víctimas critican la decisión del Gobierno de Uribe.
En una sorpresiva medida, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe extraditó ayer a Estados Unidos a 14 encarcelados paramilitares, en un operativo aplaudido por Washington, pero intensamente criticado por grupos de activistas y parientes de víctimas de esos bandas armadas.
Televisoras locales divulgaron imágenes de la llegada del avión a la terminal de Opa Loka, en Miami, cuando al menos una decena de los 14 extraditados descendía con las manos esposadas y después escoltados a cada lado por un agente de la Agencia Antidrogas estadounidense, DEA, en chaquetas negras.
Mark R. Trouville, agente especial de la DEA a cargo del operativo, dijo que de los 14 extraditados, dos se quedaban en Miami, ocho irían a la capital Washington, uno a Nueva York, otro a Texas y dos a Tampa.
Jannette Morán, portavoz de la DEA en Miami, indicó que los extraditados irán directo a un centro de detención federal en esa ciudad. Se prevé que la audiencia judicial será hoy miércoles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en una nota que como parte de la solicitud de extradición, Washington dio garantías al Gobierno de Colombia de que “no pedirá la cadena perpetua para ninguno de los acusados, sino que pedirá penas de cárcel de varios años”.
“Estas extradiciones son otro paso sustancial adoptado por el Gobierno de Colombia, en cooperación con Estados Unidos, para enjuiciar a quienes apoyan a organizaciones terroristas y envían drogas ilegales a este país”, dijo el secretario de Justicia estadounidense Michael B. Mukasey.
Unas horas antes Uribe dijo en un mensaje en cadena de radio y televisión que tomó la decisión porque el grupo de paramilitares incumplió reglas, acordadas en su desmovilización, al no decir toda la verdad sobre sus crímenes y entregar bienes para reparar a las víctimas.
Aseguró además que Bogotá pidió y Estados Unidos aceptó que tanto funcionarios colombianos como ciudadanos de este país puedan enviar representantes a los juicios en aquella nación.
El embajador de Estados Unidos, William R. Brownfield, explicó en una conferencia de prensa en la sede diplomática que su país se ha comprometido a dar acceso a fiscales colombianos a los extraditados para que así puedan seguir sus investigaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos, pero además destacó que cualquier ciudadano podrá entablar un juicio civil en cortes estadounidenses, en caso de reparaciones.
Al someterse a la llamada Ley de Justicia y Paz, los paramilitares se desarmaron, acordaron entregar sus bienes malhabidos para reparar a las víctimas y confesar sus crímenes para poder dar a parientes de desaparecidos y asesinados el derecho constitucional a conocer la verdad.
Al cumplir esas normas, la Ley les daba como beneficio una pena máxima de ocho años de prisión y suspender sus procesos de extradición, si los hubiera pendientes.
Citado en una nota de su despacho, el Fiscal General Mario Iguarán, cuyo despacho estima que los paramilitares causaron al menos 10 mil muertos en la última década, dijo que debido a confesiones de jefes encarcelados se han podido ubicar a 450 cadáveres de víctimas de estas bandas, dando así “satisfacción, en medio de ese entorno tan doloroso de los familiares, de sacarlos de esa tortura sicológica” por no saber el paradero de sus seres querido.
La medida del Gobierno tomó por sorpresa a abogados defensores y grupos de víctimas que han criticado la decisión de Uribe alegando que ahora será muy difícil conocer la verdad sobre sus delitos de lesa humanidad porque el centro de los juicios en Estados Unidos en el narcotráfico.
