Comicios en apuros

El proceso electoral arrancó oficialmente el pasado 3 de octubre. A nueve meses de los comicios, el ambiente está impregnado por la ola de violencia que azota al país.

Como cada tres años, la ciudadanía votará el próximo año para elegir a sus 500 representantes en la Cámara de Diputados. Pero esta vez, en un hecho inédito, los comicios se desarrollarán en medio de una guerra, la que declaró el Gobierno de Felipe Calderón a los cárteles de la droga.

Además de renovarse la Cámara, el próximo año se elegirán mil 128 cargos locales en 13 estados: Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Morelos. En los seis primeros se elegirá gobernador, y en todos, diputados locales y alcaldes o jefes delegacionales, el mismo día de la elección federal, el 5 de julio. Además, Tabasco y Coahuila tendrán elecciones municipales el 18 de noviembre.

Esto, en un escenario donde las decapitaciones, los enfrentamientos entre los cárteles de la droga y los cuerpos de seguridad gubernamentales, y las narcomantas son cosa de todos los días. Sólo en esos 13 estados, según el registro de Reforma, se han ejecutado a mil 461 personas entre diciembre de 2006 y el pasado 3 de octubre.

Rumbo a las elecciones intermedias de 2009, otros dos datos han hecho prender las alertas en algunos partidos políticos, en el IFE y en la Secretaría de Gobernación: las 5 mil 800 ejecuciones registradas en lo que va del sexenio y la estimación del investigador Edgardo Buscaglia, en el sentido de que más de la mitad de los municipios del país está controlada por el narcotráfico.

Consultados, los especialistas Raúl Benítez Manaut y Samuel González coinciden con el diagnóstico, y advierten que es preocupante que, iniciado ya el proceso electoral, no haya estrategias de los partidos políticos y de las autoridades para “blindar” la elección contra el crimen organizado.

Benítez Manaut, investigador de la UNAM, señala que para evitar la entrada de la delincuencia a las campañas los partidos tendrían que echar mano de la información de Inteligencia que puedan recabar sobre sus candidatos, ya sea con la ayuda del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) o mediante sus propios mecanismos de investigación.

Sin embargo, no está seguro de que el Cisen tenga en este momento la capacidad para poder investigar a todos los candidatos, puesto que necesita un despliegue geográfico de agentes distinto al usual, por la alta presencia de la delincuencia organizada en territorios rurales.

“Los partidos por primera vez deben escoger buenos candidatos, no sólo por que tienen bases populares, sino por que tienen que tener probidad. Pero escoger candidatos honestos es muy difícil en este país”, considera Benítez Manaut.

El ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR Samuel González abunda: “el ‘blindaje’ más importante será el interior, el que hagan los partidos políticos mediante sus procesos de selección de candidatos, puesto que cada partido sabe de dónde sacan los aspirantes su poder político y sus recursos”.

Este “blindaje” deberá ser mayor en el caso de los aspirantes a las alcaldías o a las diputaciones locales, los puestos que más le interesa controlar al crimen organizado, ya que el control de los territorios se hace a escala local.

Para el ex fiscal no son suficientes las 10 medidas que el pasado 2 de octubre propuso el PAN al IFE con el fin de “blindar” las campañas de sus candidatos contra el dinero sucio, pues son medidas de “blindaje” externo solamente.

“Hay que pedirle a cada partido que diseñe un mecanismo interno de supervisión. Ese es el compromiso. Debe haberlo, vamos a ver si los partidos lo hacen. Los partidos tienen que encontrar candidatos que no estén vinculados a la delincuencia organizada, tienen que empezar por limpiar en su casa.

“Es importante cómo la sociedad va a manejar el proceso electoral. La sociedad tiene en la mano el poder para determinar, porque lo sabe, qué candidato localmente está metido en la delincuencia organizada y qué no. Cuando tú vas comunidad por comunidad la gente sí lo sabe, y la gente tiene que usar su factor de votación para cambiar las cosas”, concluye.

Violencia y costo electoral

Según los expertos, las preferencias electorales también reflejarán la evaluación de la sociedad a sus autoridades en cuanto a seguridad y combate al crimen organizado.

Para Benítez Manaut, la falta de organización y el desaseo del Gobierno Federal para hacer frente a la delincuencia organizada se traducirá en un voto de castigo al PAN, pues el presidente Calderón no ha podido reducir la inseguridad, promesa que ha sido el eje rector de su Gobierno.

“El PRI es el partido que va a verse más favorecido de todo este ambiente porque la gente empieza a percibir que cuando el PRI gobernaba tenía bajo control el narcotráfico y la corrupción que, si bien existía, la gente no se veía afectada por eso. No era un narcotráfico que fuera contra la integridad de la gente”, puntualiza.

Samuel González añade otros dos factores que, según él, influirán en el 2009 en materia de seguridad: la magnitud de la crisis económica en Estados Unidos y el desarrollo de la estrategia del Gobierno Federal contra la delincuencia organizada.

“Hay que considerar también cuántos de los migrantes van a regresar de Estados Unidos por la crisis, y cómo la caída de los ingresos provenientes de las remesas puede provocar problemas graves de necesidad social y por lo tanto de estallamiento de la inseguridad”, apunta.

En cuanto a la estrategia gubernamental contra el crimen, González advierte una falta de coordinación en las dependencias federales que hace difícil pensar que en 2009 habrá un escenario distinto al que se tiene hoy.

Señala que se tendría que comenzar por la limpieza de las dependencias gubernamentales encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia. Ése, añade, sería un mensaje claro para la sociedad de que la Ley se está respetando, sea quien sea el infractor, y permitiría que las elecciones se lleven a cabo en un ambiente de más confianza para el electorado.

“El caso Martí es un catalizador de una situación que ya todos, incluso el empresariado, venía viendo, y cuando ve que es de verdad el peligro, que hay infiltración policial en el crimen y el presidente no hace nada es cuando todo estalla. Tienes una presión muy importante para cambiar las cosas.

“Sin embargo, no se ve todavía planteamientos claros en la solución del problema de la inseguridad. Ese es el escenario en el que nos vamos a ver envueltos en el proceso electoral de 2009”, concluye.