El pasado 5 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que la controversia constitucional presentada por el Ayuntamiento de Torreón en contra de la creación de la Secretaría de Desarrollo Regional carecía de verdad jurídica, en otras palabras, que la existencia para que esta dependencia fuera creada es totalmente válida. Transcurrieron quince meses desde que el recurso legal fue presentado y sencillamente como dice una canción popular: “y todo para qué”, quizá la respuesta sea para que nuevamente ahora en el plano legal y con los pelos de la burra en la mano, el gobernador Moreira se siga expresando de la manera que lo hace del presidente municipal de Torreón, José Ángel Pérez.
Pero no es el edil quien sale más perjudicado de esta contundente derrota, sino quien la llevará sobre sus hombros: el abogado Rodolfo Walls, otrora tapado para suceder a Pérez en la Presidencia Municipal, pero como el hasta hace dos días exitoso secretario del Ayuntamiento, marchaba con aciertos importantes, como su participación en la transformación del transporte público, las acciones para empujar hacia delante la reubicación del ambulantaje en el Centro de la ciudad y al final de cuentas, un proceder discreto, pero eficaz, hacía suponer que Pérez le daría su bendición para que buscara ser Rodolfo presidente. Sin embargo, lo que acaba de fallar la Corte, haciendo sentir a los ciudadanos de Torreón que por responsabilidad de quienes representan a la ciudad, nuevamente hemos sido, ahora en el campo jurídico, vapuleados por Saltillo, sencillamente debe de tener un costo para alguien: el hilo siempre se rompe por lo más delgado, por ello el relevo de Walls en la Secretaría del Ayuntamiento.
Existió una entrevista con Pérez y con Walls apenas unos días después de que el Ayuntamiento había interpuesto la controversia y mientras se le cuestionaba a José Ángel que si alguna vez en sus negocios –campo en el que sin duda es muy exitoso- aun cuando existiera un abuso por su contraparte, nunca había cedido o negociado para evitar la confrontación, Pérez Hernández respondía que jamás había permitido que le vieran la cara y siempre, si alguien se le trataba de escapar con una deuda pendiente, siempre había recuperado lo que le pertenecía. Rodolfo Walls atinaba a decir que para él era claro que el Gobierno del Estado vía la creación de la controversial secretaría se entrometía en la esfera que la Constitución describe como municipal, y quizá en aras de relajar la conversación, preguntaba a un licenciado en derecho ahí presente que si no veía elemento alguno.
Al final, José Ángel jamás va a aceptar que no soportó el coraje que le dio que Moreira haya creado un organismo ad hoc para exasperarlo políticamente. Aunque por unanimidad la Corte afirme que la creación de la Secretaría Regional es legal, no es asunto jurídico ver con claridad la afrenta que representó políticamente que el gobernador le haya puesto enfrente al candidato perdedor. Es digamos como si Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, le hubiera creado un puesto rimbombante a Andrés Manuel López Obrador, para poner gorro desde el erario al presidente Calderón (por supuesto guardando las proporciones).
Como era de esperarse, palo recibió Torreón por la torpeza en el criterio jurídico de quienes calentaron al alcalde en esa aventura, pero los ciudadanos de las clases acomodadas refrendarán la extraña sensación –algunas veces infundada- del atropello por parte del Gobierno del Estado; en octubre se podrá comprobar esta hipótesis, justamente en los comicios de renovación del Congreso.
