A más de dos años de que estalló el conflicto minero, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que el dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, mantiene el control sindical, pese a estar prófugo y a las órdenes de aprehensión en su contra.
Así lo señala un documento entregado por la dependencia a la bancada del PAN en el Senado, en el que se afirma que la exitosa estrategia del dirigente está relacionada con la compra de apoyos.
“Napoleón Gómez Urrutia ha logrado conservar el control de las secciones mineras a través del Comité Ejecutivo General del Sindicato (CEG).
“La lealtad se basa en la repartición de beneficios económicos con los integrantes del CEG”, señala el informe elaborado por la Segob.
De acuerdo con el diagnóstico, la disidencia sindical frente al grupo de Gómez Urrutia se encuentra fragmentada en cuatro organizaciones: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas; Sindicato Único de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos Independientes de Cananea; Sindicato de Trabajadores de Fundidora de Cananea, y Sindicato de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica del estado de Sonora, afiliado a la CTM.
La Segob asegura que el conflicto minero se mantiene dinámico porque los trabajadores alegan violaciones al contrato colectivo, derivadas de insuficiencias en la seguridad de los centros de trabajo. “El citado líder no ha desvirtuado la acusación del fraude en contra del sindicato”, señala la dependencia encabezada por Juan Camilo Mouriño.
Según el informe, como consecuencia del conflicto minero -que afecta a casi 32 mil trabajadores, agrupados en 74 secciones y 11 fracciones sindicales, se han registrado diversos enfrentamientos, de los cuales, sólo cuatro son considerados “relevantes”
“Sicartsa, Lázaro Cárdenas Michoacán, donde fallecieron dos personas; Cananea, Sonora; La Caridad, Nacozari, Sonora, y Monclova, Coahuila”, detalla el documento, en el que se afirma que el conflicto ha dejado pérdidas por mil 300 millones de dólares a la empresa Grupo México, por ventas no realizadas.
Por otro lado, en un anexo del informe se exponen las razones por las que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Trabajo, se ha negado a otorgarle la toma de nota a Gómez Urrutia.
Gobernación se refiere al dirigente como un prófugo de la justicia que no puede ni siquiera ser funcionario del sindicato, pues no goza plenamente de sus derechos legales.
Apenas el pasado jueves una juez federal ordenó aprehender a Gómez Urrutia, en un caso donde la PGR lo acusa por un delito financiero grave, por presuntamente disponer y transferir los recursos del fideicomiso de 55 millones de dólares del sindicato minero.
