La Sociedad Interamericana de expresó ayer en Caracas su repudio al “mantenimiento del cierre” de Radio Caracas Televisión (RCTV) y la “confiscación de sus equipos” de transmisión por parte del Gobierno de Venezuela. (EFE)
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resolvió ayer en Caracas “condenar” las “constantes amenazas y atropellos” del Gobierno de Venezuela contra los medios “independientes” y el uso “discrecional” de mecanismos legales para supuestamente obstruir el ejercicio de la libre prensa.
En la conclusión de su reunión de medio año, que comenzó el viernes pasado en la capital venezolana, el gremio de editores y dueños de medios expresó su repudio al “mantenimiento del cierre” de Radio Caracas Televisión (RCTV) y la “confiscación de sus equipos” de transmisión.
También denunció las “ofensas, amenazas y procesos administrativos” contra el canal privado de noticias Globovisión, uno de los más críticos de la gestión del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien considera a esa cadena como uno de los “líderes de la oposición golpista” en su país.
El jefe del Estado aseguró recientemente que no cerrará “esa cloaca”, en referencia a Globovisión, después de que en 2007 lanzó recurrentes amenazas de cierre contra esa cadena de noticias.
RCTV dejó de emitir en señal abierta el pasado 27 de mayo debido a que el Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, no le renovó la concesión -que la cadena operaba desde hacía 53 años- alegando el carácter “golpista” de esa televisión.
La cadena transmite actualmente por sistemas de cable y satélite bajo el nombre de RCTV Internacional, y mantienen una batalla legal para recuperar sus equipos de transmisión que, con la autorización del Supremo, utiliza la nueva televisión pública TVes.
La SIP resolvió “denunciar” que el Gobierno utiliza de forma “discrecional” el control de cambios” vigentes desde febrero de 2003, y que mediante ese mecanismo “limita la oportuna” asignación de divisas “para la importación de papel” periódico “y demás insumos” necesarios “para el normal funcionamiento y ejercicio de la libertad de expresión”.
La Administración de Chávez también desarrolla una política de “concentración” de medios de comunicación, “creados y mantenidos con dineros públicos, con fines de adoctrinamiento, control social, político y de opinión”.
La SIP denunció que Chávez “desconoce la voluntad del pueblo venezolano expresada el 2 de diciembre de 2007” en el referendo popular que rechazó su propuesta de cambio constitucional, que incluía la reelección presidencial ilimitada, un nuevo ordenamiento territorial y la creación del Poder Popular, entre otros.
