El diputado Francisco Santos Arreola espera que durante febrero se aprueben las modificaciones hechas por el Senado a la reforma en materia de justicia y seguridad, para que de inmediato inicie su aprobación en los congresos estatales.
El integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja indicó que esa reforma establece las bases de un nuevo sistema penitenciario a nivel nacional en el que se busca la aplicación de penas alternativas, la reparación del daño a las víctimas y la creación de cárceles especiales para la delincuencia organizada.
También, agregó en entrevista en San Lázaro, incluye la creación de un sistema nacional de defensoría pública con abogados que no podrán ganar menos de lo que percibe un agente del Ministerio Público, con lo que se garantizará su profesionalización.
En cuanto a la prisión preventiva se pretende que sólo pueda aplicarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, apuntó.
Expuso que se recurrirá a la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
Para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos se establecen mecanismos para la solución de controversias que por mandato constitucional expreso procuren asegurar la reparación del daño hacia las víctimas y el inculpado se responsabilice de sus actos.
La reforma procura el cambio de denominación de "reo" por el de "sentenciado" para adecuar la Constitucional con los tratados internacionales y eliminar el término considerado denigrante.
Asimismo se cambia la denominación de readaptación por reinserción, ya que se buscará que los sentenciados al terminar sus condenas se inserten nuevamente en su entorno social.
Santos Arreola expuso que con la reforma se crean "centros de alta seguridad" para delincuencia organizada y otros internos que requieran seguridad especial.
Con ello los llamados penales de máxima seguridad estarán reservados para aquellos procesados o sentenciados por delincuencia organizada y otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
