Dieciséis días bastaron para demostrar fehacientemente que el Gobierno Federal no tiene una estrategia clara en el combate al crimen organizado y, particularmente al narcotráfico, por más que el presidente Felipe Calderón y su Gabinete se empeñen en repetir lo contrario. En estas dos semanas se hicieron nuevas designaciones, se conoció la penetración del narco en los más altos niveles policiacos y militares, renunció el cuarto director de la Policía Federal Preventiva, se recurrió a empresas privadas de seguridad para subsanar las fallas de los cuerpos públicos y con el avionazo del martes se acrecienta la percepción de vulnerabilidad del Estado mexicano.
El lunes 20 de octubre se dio a conocer que Jorge Tello Peón fue designado asesor del presidente en materia de seguridad nacional, “con el objetivo de fortalecer las tareas de coordinación entre las distintas instituciones responsables de esa materia”, de acuerdo al comunicado de la Presidencia de la República. Como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas; finalmente se admite, aunque sea tácitamente, que existe descoordinación entre las instituciones federales responsables de combatir al crimen organizado.
Una semana después, el martes 28 de octubre, nos enteramos que la banda de los hermanos Beltrán Leyva había infiltrado a la SIEDO y a la PGR y en los altos niveles, pues uno de los involucrados tenía el nivel de coordinador general y el otro mando de director general. Así, si se considera al Secretario de Seguridad Pública como nivel uno, los dos mandos acusados de trabajar para Beltrán Leyva estaban en los niveles tres y cuatro; también se involucró a tres agentes.
Ese mismo día se dio a conocer que la PGR cesó a 35 fiscales y Ministerios Públicos, adscritos a la SIEDO porque no pasaron las pruebas de confianza, es decir, en estos casos no existe la constancia de que estuvieran al servicio de los cárteles de la droga, pero como reprobaron los exámenes tuvieron que salir de la organización. Y para no dejar duda de la falibilidad de estas pruebas de confianza, el mismo día, el director de Inteligencia de la DEA, Anthony Plácido, declaró en Washington que al menos uno de los cinco funcionarios involucrados con los Beltrán Leyva había aprobado los controles de confianza de dicha organización. Así los controles fallaron en lo que respecta a personas que no son confiables, pero los pasan; seguramente también existen personas confiables que no los pasan y son separados de sus cargos injustamente.
Por su parte, el ex subprocurador de Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos (fallecido en la tragedia del martes pasado), había declarado: “…yo tenía confianza en ellos, yo tenía vigilancia muy estricta sobre de ellos, de tal suerte que prácticamente no se podía pasar nada sin que lo advirtiéramos”, sin embargo, se le olvida que los pagos los iniciaron en 2004, cuando él todavía se encontraba al frente de dicha Subsecretaría. Así que su vigilancia tampoco fue muy efectiva.
Dos días después, el 30 de octubre, se reconoció que los pagos del Cártel de Sinaloa, también incluían a 23 militares de la Novena Zona Militar, con sede en Sinaloa; aunque se dijo que desde mayo pasado se habían iniciado los procesos en su contra. Así que nuevamente se confirma, que el Ejército tampoco está “blindado” contra la infiltración del narcotráfico.
Ese mismo día se supo que se investigaba a Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector de la sección tercera de operaciones de la PFP, por presuntos vínculos con el mismo grupo; y al día siguiente se incluyó al mismo comisionado de la PFP, Víctor Gerardo Garay y a su más cercano colaborador, Francisco Navarro, en relación con la presunta venta del control del Aeropuerto capitalino al narcotráfico. El 1 de noviembre se conoció la renuncia del comisionado interino de la PFP, Gerardo Garay Cadena, para ponerse a disposición de la PGR para la investigación en curso.
En sólo dos años de gestión han pasado cuatro mandos por la Policía Federal Preventiva; no parece razonable combatir al crimen organizado, con mandos tan inestables.
De acuerdo a la información del periódico regiomontano, El Norte, ante los hechos las autoridades recurrieron, desde el pasado primero de noviembre, a empresas de seguridad privada para reforzar la vigilancia en el Aeropuerto capitalino; de acuerdo al diario las empresas privadas Eulen y Seguridad Privada Hospitalaria y Empresarial aportaron casi 500 elementos. Ante la corrupción de sus principales cuadros se recurre a la seguridad privada, que desde luego tampoco está “blindada”.
Mientras tanto, el procurador de Justicia, Eduardo Medina-Mora, declaró en Bogotá, Colombia, que “antes del 21 de agosto de 2009, todos los servidores públicos federales en materia policial y de procuración de justicia deberán haber pasado los controles de confianza”.
Más allá de cuestionar la fiabilidad de los mismos, parece extemporáneo iniciar estos procedimientos 18 meses después de que asumió su responsabilidad.
Y el mismo Presidente señaló: “Estoy convencido de que para frenar a la delincuencia primero hay que sacarla de nuestra propia casa, a la que se metió quizá desde hace mucho tiempo, y eso es, precisamente, lo que estamos haciendo”.
Pero hubiese sido más lógico y razonable limpiar la casa antes de declararle la guerra frontal al narcotráfico; no al revés, pues normalmente los cuerpos infiltrados son los perdedores.
Y, como corolario, el lamentable avionazo del martes (cuyas causas todavía no se esclarecen, aunque en el ambiente flota la percepción de que se trató de un atentado) acrecientan las dudas sobre los alcances de dicha infiltración, pues considerar que es factible vulnerar la seguridad de la aeronave en la que viajara el secretario de Gobernación, implica suponer la colaboración de funcionarios del más alto nivel y que ya nadie está a salvo.
