El problema del fraccionamiento Cortijo Residencial deberá investigarse a fondo, según la diputada Claudia Hernández.
El Siglo de Durango
Una vez que comience el periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado la Comisión de Vivienda atraerá el caso al Pleno para pedir una investigación a fondo sobre el presunto fraude de las viviendas del fraccionamiento Cortijo Residencial Plus, según lo comentó la diputada local Claudia Hernández Espino.
PROBLEMA INDEPENDIENTE
La legisladora y presidenta de la Comisión de Vivienda explicó que no se trata de que exista un problema particular (pues ella también vive ahí), sino que el Congreso debe analizar la dificultad que existe en forma general con los afectados de este fraccionamiento. “Yo también he participado en otras dificultades con otros fraccionamientos”, indicó.
“Habrá que investigar tanto al Notario Público número uno, que intervino en las escrituras, así como al Registro Público de la Propiedad para que se llegue al fondo de lo anterior”, expuso la funcionaria al manifestar que serán muy vigilantes del manejo del tema.
Las más de 300 familias que fueron afectadas con el presunto fraude viven en la incertidumbre ante el riesgo de embargo, por este motivo se ha estado buscando una cita con el secretario de Gobierno, Oliverio Reza Cuellar, de donde dependerán varias respuestas.
DOS BANDOS AFECTADOS
La Legisladora local consideró que el valor de cada uno de los lotes oscila entre los 500 a los 700 mil pesos. Los fraccionamientos afectados son: Privadas Cortijo y Cortijo Plus, de tal manera que el embargo está determinado para toda la superficie.
Indicó que las investigaciones deben realizarse a fondo, pues si bien es un conflicto entre particulares ahí hubo la intervención de un Notario Público y del Registro Público de la Propiedad, lo que causa que haya desaliento para la inversión.
Diferencias
Las preguntas realizadas a la ciudadanía sobre el problema del embargo al fraccionamiento Cortijo provocaron diferentes opiniones. Guadalupe Alanís, abogada, consideró que dentro de la problemática las autoridades estatales son las que deben vigilar si las transacciones que se realizan sobre casas son legales y si éstas se encuentran libres de algún gravamen. No dejó de señalar que este “vicio oculto” pueda configurar el delito de fraude.
Por su parte Jesús David Irazoqui, también abogado, expuso que este tipo de operaciones puede realizarse sin ningún problema. “No hay que olvidar que el Notario Público sólo es un fedatario y sí pueden comprarse bienes con gravamen. Es responsabilidad del comprador investigar si tiene un procedimiento de este tipo”, indicó.
