Marchan por derechos humanos de migrantes Un grupo de personas participa en una marcha en Tucson, Arizona (EU), para pedir respeto a los Derechos Humanos y exigir la pronta aprobación de una reforma migratoria, en el marco de la celebración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (EFE)
Colombia, el único país latinoamericano donde subsiste un conflicto armado interno, pidió públicamente perdón en la Organización de las Naciones Unidas por asesinatos de personas fuera de combate en el día que se conmemora el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Entretanto desde Nicaragua hasta Argentina, grupos no gubernamentales realizaron actos y marchas reclamando mayor acción de sus gobiernos para la protección a los derechos humanos.
Colombia se sometió al examen ante el Consejo de Derechos Humanos de las la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, con una delegación encabezada por el vicepresidente Francisco Santos.
“La muerte de personas por fuera de combate es un crimen inexcusable para el Estado colombiano; desgraciadamente debemos reconocer que se han presentado estos casos en nuestro país y con profundo dolor pido perdón a las víctimas”, dijo Santos.
Señaló que “la situación es difícil... (pero) ha mejorado dramáticamente en los últimos seis años”.
La participación de agentes del Estado colombiano en crímenes llevó a que una máxima Corte en lo contencioso administrativo condenara al Ministerio de la Defensa y al servicio de Policía de detectives, DAS, a pagar por daños morales y materiales más de 450 mil dólares a tres parientes del senador comunista, Manuel Cepeda, asesinado en Bogotá en agosto de 1994, según el fallo divulgado por la Corte ayer.
La sentencia es inapelable y “lo que muestra es la responsabilidad por acción y omisión del Estado en la muerte de mi padre”, dijo telefónicamente Iván Cepeda, hijo del asesinado senador.
REALIZAN MARCHAS
En otros países de la región que han sido azotados por la violencia política como en Perú, activistas se apostaron frente de la sede del Poder Judicial en Lima para demandar al Gobierno información sobre los militares que pudieron haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Cuestionaron que el Ministerio de Defensa no haya proporcionado ninguna información que pueda contribuir con el esclarecimiento de una matanza en 1983 en la sierra del Sudeste peruano, donde unos cien campesinos fueron asesinados por militares tras ser obligados a cavar su propia fosa.
Gisela Ortiz, activista y hermana de uno de los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta, muertos a manos de un escuadrón de la muerte del Ejército en 1992, dijo que priva en el Gobierno del presidente Alan García la “indiferencia” y la “negación” con respecto a los temas de derechos humanos.
PIDEN MEJORAR POLÍTICAS
Un grupo de 30 organizaciones defensoras de los derechos humanos en Costa Rica reclamó al Gobierno de mejorar sus políticas para indígenas, migrantes, y personas con otras preferencias sexuales, entre otros.
“En Costa Rica parece que hay una democracia muy representativa, pero no es la realidad. Es un país discriminador, xenófobo y homófobo en muchos casos, porque no logra asumir la diversidad que existe”, dijo Gustavo Cabrera, del No Gubernamental Servicio de Justicia y Paz (Serpa) en conferencia de prensa.
En Managua, Gonzalo Carrión, funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) dijo a los periodistas que si bien el Estado ha hecho “algunos esfuerzos paliativos” en materia social, tal proceder “queda totalmente opacado” porque “garrotea a los que lo critican y anula los derechos humanos civiles y políticos”.
En Chile, la presidenta Michelle Bachelet conmemoró la jornada con la colocación de la primera piedra del Museo de la Memoria, que se construirá para evitar el olvido de los abusos cometidos bajo la dictadura del extinto general Augusto Pinochet (1973-1990).
En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo, realizaron una marcha y reclamaron mayor celeridad en los juicios contra represores de la dictadura (1976-1983), que se reactivaron en los últimos cuatro años. Hasta el momento, 14 represores fueron condenados por violaciones a los derechos humanos. Unos 358 aguardan por juicio.
