Entre prisas por cerrar el viernes por la noche el periodo de sesiones extraordinarias (ante el temor de que el ansia de conservar el asueto sabatino dejara sin quórum a las cámaras) fueron elegidos por la Cámara de Diputados los tres consejeros electorales que asumirán sus cargos el 15 de agosto. Se completó así la renovación parcial del consejo general del IFE dispuesta en los transitorios de la reforma constitucional en materia de elecciones que entró en vigor en noviembre pasado y que está siendo cuestionada hoy ante la justicia desde diversos ángulos.
. Conforme a esa norma, los legisladores tenían obligación de designar en diciembre del año pasado a los tres primeros reemplazantes de los consejeros elegidos en octubre de 2003. Los líderes de las bancadas no alcanzaron acuerdos entonces y cerraron el periodo de sesiones ordinarias sin cumplir su cometido. Al retornar a sus actividades en febrero de este año, dieron prioridad al tema y eligieron consejero presidente del IFE, el 7 de febrero, a Leonardo Valdés Zurita, y consejeros a Marco Antonio Baños y Benito Nacif, que sustituyeron a Luis Carlos Ugalde, Alejandra Latapí y Rodrigo Morales.
De manera unánime, las bancadas parlamentarias habían convenido renovar el órgano electoral, ante el cúmulo de nuevas responsabilidades que, sobre todo en materia de difusión electrónica, se habían asignado al Instituto Electoral. También se consideró al efecto el desempeño que el consejo general de IFE había tenido en el proceso de 2006, generador de una disminución de la confianza ciudadana en ese órgano, que era preciso restaurar. Se eligió, erróneamente a mi juicio, el camino de la sustitución escalonada: el presidente y dos consejeros más se marcharían en febrero, y tres consejeros causarían baja en agosto. La sustitución misma, y el mecanismo (que no especificaba los criterios para seleccionar a quienes salieran y en qué turno) generaron discusión pública animada, entre quienes juzgaron inadmisible que el Congreso despidiera a consejeros elegidos para concluir su mandato en octubre de 2010, y quienes lo juzgaban necesario.
Además de la demora criticable, el proceso para elegir a los tres primeros nuevos consejeros se realizó a trompa talega, sin respeto a cerca de medio millar de aspirantes que pretendieron las posiciones a elegir. Cientos de candidatos, muchos de ellos bien calificados, fueron dejados al margen sin que nadie, ni ellos mismos (y acaso tampoco los diputados que practicaron la depuración) supiera bien a bien las causas de su exclusión. La lista inicial, de cerca de 500 solicitantes se redujo a un centenar (106), que fue el número de las entrevistas realizadas por la Comisión de gobernación, al cabo de las cuales se fijó un elenco de 39 aspirantes. Sin que la convocatoria estableciera ese paso, que dio lugar a confusiones y sospechas, la comisión dictaminadora calificó a los pretendientes en función de su experiencia y conocimientos. Ninguno de los finalmente elegidos había estado entre los mejor calificados, lo que reveló la ociosidad del ejercicio o su torcedura.
El procedimiento para elegir la segunda tanda de reemplazantes fue menos azaroso y grosero que el empleado antes, aunque tampoco se dio explicación a los excluidos cuando la lista de aspirantes pasó de 115 a 75, número este último de quienes fueron entrevistados por los legisladores, que finalmente expusieron su dictamen a la Junta de Coordinación Política sin calificar a los candidatos. La mayor parte de los pretendientes en esta segunda fase había participado en la primera. Sobresalió entre ellos Jorge Alcocer, probablemente el mayor conocedor del derecho y la práctica electoral, quien participó centralmente en la concepción de la reforma constitucional en esta materia y estaba, por eso, especialmente calificado para convertirla en conducta institucional y social. Eufemísticamente, Emilio Gamboa dijo que Alcocer, a quien se atribuía ser impulsado por Manlio Fabio Beltrones, “no había generado consensos”, modo elusivo de ocultar el veto que el duopolio televisivo enderezó contra uno de los autores de la idea de excluir del comercio la propaganda política en los medios electrónicos, y que por eso quedó fuera por segunda vez.
Este tramo del proceso quedó marcado por la discusión sobre la cuota de género en la integración del consejo general. Las tres mujeres que formaron parte de él a partir de octubre de 2003 quedaron incluidas en la lista de quienes terminarían su función antes del término. (Se esbozó la pertinencia de que se repusiera esa cifra eligiendo a tres consejeras (en lugar de María Teresa González Luna, Lourdes López y Andrés Albo, que se van en agosto). No prosperó esa aspiración y sólo habrá una mujer en el consejo, María Macarita Elizondo Gasperín, que durante más de 20 años (casi entera su vida profesional) ha servido a la justicia electoral, hasta ser magistrada de sala regional del tribunal electoral federal.
Fue elegido igualmente Francisco Javier Guerrero Aguirre, que fue en el IFE contralor interno y director de fiscalización de los recursos de los partidos. Y también Alfredo Figueroa Fernández que a su trayectoria profesional (sociólogo, fue dos veces conspicuo consejero local de aquel Instituto en el estado de Puebla) añade un vínculo estrecho con organizaciones civiles atentas a la transparencia de los procesos electorales. Se diría, sin exagerar y sin ánimo de descalificación del resto, que será un consejero ciudadano.
