Aunque para el Municipio, la empresa Gyasa tiene un adeudo de 1.5 millones de pesos por concepto de municipalización de los siete fraccionamientos construidos en esta ciudad, para la constructora no se debe nada. Además, se informó que la justicia federal negó la suspensión provisional promovida por la constructora Gyasa contra el Municipio de Lerdo, por la aplicación de multas impuestas a la empresa.
Manuel Martínez García, director municipal de Obras Públicas y Urbanismo, informa que se le negó el amparo a Gyasa, motivo por el cual se procederá en contra de la empresa, para obligarla al pago de la municipalización de los fraccionamientos construidos desde 2002 a la fecha y las multas aplicadas.
Precisa que la Ley Estatal de Desarrollo Urbano faculta a los Municipios para aplicar multas de hasta por un equivalente a diez mil salarios mínimos a las empresas constructoras que incumplan con la entrega correspondiente de cada fraccionamiento.
En escrito enviado a El Siglo de Torreón y con relación a información proporcionada por el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Manuel Martínez García, por adeudos de la citada empresa, ésta asegura no tener documento alguno que indique la presunción de algún pago por ese concepto.
“Con relación a la municipalización de los fraccionamientos, éstos se han iniciado desde el pasado 11 de diciembre. Contamos con los documentos y firma de recibido, a la fecha estamos a la espera de que nos indiquen a quién físicamente haremos dicha entrega”, dice el comunicado de Gyasa.
Por su parte, Martínez García precisa que Gyasa argumenta que inició el procedimiento de municipalización, pero sólo ha entregado copias de documentos de permisos para construir fraccionamientos, no para cumplir con su pago.
“Lo que pasa es que desde las administraciones municipales pasadas hubo un descuido general respecto a las municipalizaciones y el pago de las constructoras, pero ya estamos en su solución y hacemos las gestiones para que cumplan. En Torreón el diez por ciento de los fraccionamientos no han sido municipalizados y en Gómez Palacio hay 60 sin entregar también”, explica Martínez García.
El incumplimiento de las obligaciones por parte de las constructoras, dice el director de Obras Públicas, se refleja en un mal servicio a los ciudadanos, “pues mientras la constructora no entregue al Municipio los fraccionamientos, están obligadas a proporcionar el servicio de limpieza y alumbrado, pero los reclamos de la gente son para el Municipio”.
Con relación al puente de acceso a fraccionamientos Quintas Lerdo I y Quintas Lerdo II, dice el comunicado de Gyasa, “como ya explicó el mismo director, éste no fue construido por Gyasa, sino que fue construido por la antigua Secretaría de Recursos Hidráulicos”.
El director de Obras Públicas señala al respecto que la ampliación que hizo Gyasa al puente original, tiene las mismas características y existe el riesgo que colapse, motivo por el cual será demolido, pero cuesta 850 mil pesos la construcción y falta ver cuánto aportará la constructora.