El embajador eminente Jorge Eduardo Navarrete al participar el martes en la quinta sesión de los foros senatoriales sobre la reforma petrolera (que no energética como se le llama a pesar de la insistente afirmación de los ponentes de que es mucho más limitada de lo que sugiere el título) concluyó proponiendo una consulta ciudadana sobre el tema, antes de abordar el debate legislativo.
Dijo que a su “juicio, no existe un mandato popular que proporcione base a un planteamiento de reforma petrolera o energética de este alcance y de esta naturaleza. Una iniciativa de reforma de tal magnitud no puede provenir de una Administración surgida de un proceso electoral cuestionado y portadora de un enorme déficit de legitimidad. En todo caso, tendría que ser replanteada para corregir sus vicios y deficiencias y validada mediante alguna fórmula de consulta ciudadana”.
Abundó sobre esa propuesta en alguna de sus intervenciones adicionales: A partir de su experiencia diplomática (fue subsecretario de Relaciones Exteriores, y embajador ante doce gobiernos en tres continentes) recordó que las grandes reformas legislativas “surgen de programas planteados en los procesos electorales respectivos, están en las plataformas políticas y forman parte de la consulta que se hace a la ciudadanía en el momento del proceso eleccionario”. Entre cauteloso y mordaz buscó saber si esa práctica era aplicable al caso mexicano presente:
“Probablemente yo no he leído con el suficiente cuidado y atención la plataforma que para la elección de 2006 presentó el partido en el poder, y desde luego puedo estar equivocado. Pero me parece que no se anunciaba ahí la intención de plantear una reforma de este alcance, de esta dimensión, de estas consecuencias… por eso digo que me parece que no hay mandato para plantearla. Y por otro lado, señalé y repito, porque estoy convencido de que si existe un déficit de legitimidad democrática, el derecho para dudar del mandato se fortalece. Yo no soy jurista, pero sé que las formas de plebiscito o de referéndum no están contempladas en el marco constitucional mexicano, y que en algunas entidades federativas se ha regulado el tema de la consulta ciudadana, pero sí pienso que ante una reforma de esta magnitud, que viene un poco de sorpresa, sí necesitamos encontrar alguna manera de consultar a la ciudadanía”.
Ayer mismo, la firma del embajador Navarrete signaba el pedido en la misma dirección suscrito por un importante número de ciudadanos con presencia y voz pública. Dirigida a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores la solicitud demanda “el examen serio y pronto de la posibilidad de una consulta nacional antes de cualquier decisión sobre la reforma energética”. Y a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, “donde ya está reconocido este derecho en las leyes locales como ejercicio de la democracia participativa”, los firmantes le dicen que “no sólo es posible, sino necesario organizar la consulta en sus entidades en el caso de que el Senado rechace la propuesta”.
Los peticionarios razonan su solicitud: “En las semanas recientes ha quedado clara la trascendencia de la discusión política sobre el destino de la reforma petrolera.
“Luego de oír a los expertos en cuestiones energéticas, a los juristas y a los legisladores, y antes de cualquier dictamen de Ley en el Congreso, hace falta conocer la postura de los ciudadanos ya mucho más informados. A esta ponencia colectiva sólo se puede acceder mediante la consulta pública.
“Como se ha propuesto a lo largo del debate… la consulta pública es posible legalmente al permitirlo el Artículo 26 de la Constitución de la República, como expuso con profundidad el reconocido jurista don Juventino Castro y Castro en el Senado: ‘La norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.
El senador Pablo Gómez propuso un referéndum sobre el delicado tema, antes de que se aprobara el debate. La idea en sí misma es impracticable por la ausencia de esa figura, estrictamente hablando, en el derecho federal mexicano. Pero, en efecto, el tercer párrafo del Artículo 26 constitucional, cuyo contenido insiste en la participación social en la planeación del desarrollo, dispone que “la Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular” a ese respecto. Ese texto plantea la necesidad de que el Ejecutivo la aplicara a este caso en particular. Es de dudar que en Los Pinos se expresara una voluntad en este sentido. El presidente del partido al que pertenece el de la República ha dicho, sin razón, que el debate sólo debe ser legislativo porque los votantes eligieron a sus representantes y éstos expresan la voluntad de aquéllos, criterio que en otras palabras ha sido refrendado por el propio Calderón.
Igualmente hace suponer que no habría en la casa presidencial inclinación a la consulta la tendencia a gobernar mediante decretos o documentos de naturaleza tal que excluyan al Poder Legislativo. Anteayer mismo el embajador Navarrete mencionaba el Acuerdo Trilateral sobre Cooperación en Ciencia y Tecnología energética suscrito en agosto de 2007, cuyas implicaciones sobre la reforma petrolera hemos de abordar en otro momento. Por lo pronto ese acuerdo lo desconoce el Senado, que en cambio podría tomar la iniciativa de organizar la consulta demandada como ejercicio político no vinculatorio.
