De las corporaciones policiales de los tres niveles de Gobierno, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal sigue en primer lugar de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) con 50 de enero a julio, seguida por la Policía Federal Preventiva con 32 violaciones a los Derechos Humanos. Las principales causas son detenciones arbitrarias y allanamiento de morada.
De acuerdo al informe de la Segunda Visitaduría, a cargo de David Omar Sifuentes Bocardo, en 2007 hubo 549 quejas, de las cuales la Policía Preventiva acumuló 130, agencias del Ministerio Público 58, Policía Ministerial 42, IMSS 37, Secretaría de la Defensa Nacional 29, Secretaría de Educación y Cultura 27 y el Cereso de Torreón 16, entre otras.
El año pasado también se recibieron 69 quejas en contra de instancias federales como la Procuraduría General de la República, Policía Federal Preventiva, Sedena, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y la Agencia Federal de Investigación (AFI), mismas que fueron canalizadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para su resolución.
Este año se incrementaron las quejas contra las corporaciones e instancias federales, pues ya casi se alcanzó la cifra del año pasado y al 31 de julio se han recibido 66 por 69 registradas en todo el año pasado. “Destacan las quejas en contra de las Policías Federales a partir de que inician los operativos en la Región Lagunera el año pasado, lo cual trajo como consecuencia un aumento en las inconformidades, pero no tenemos un seguimiento porque se remiten a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esto nos impide saber si procedieron o no”, explica Sifuentes Bocardo.
En 2008, del primero de enero al 31 de julio, precisa, se han recibido 306 quejas en total, de las cuales 50 son en contra de la DSPM, 32 de la Policía Federal Preventiva, 27 contra la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y aparece también la Secretaría de la Defensa Nacional con 23 quejas. Las principales violaciones a los Derechos Humanos son por detención arbitraria con 120, allanamientos de morada con 55, ejercicio indebido de la función pública 50, lesiones con 29 e incomunicación con 21 quejas.
Sifuentes Bocardo destaca la necesidad de legislar en esta materia para que se indemnice a los afectados, pero que no sea el Estado quien cubra la indemnización, pues serían los mismos ciudadanos los que pagarían, sino el funcionario o servidor público que cometió la violación de las garantías individuales.
