“Muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia”.
F. Scott Fitzgerald
Alejandro Martí señaló ayer que se arrepiente de no haber acudido desde el primer momento a las autoridades para denunciar el secuestro de su hijo Fernando. Pero ¿cómo culparlo? La desconfianza que los mexicanos tenemos de la Policía no es sólo secular sino muchas veces justificada. No es por accidente que en México le tenemos miedo a la Policía mientras que en otros países se le tiene confianza.
En el caso de Martí la razón fundamental del miedo era el hecho de que Fernando había sido secuestrado en un supuesto retén de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Hoy podemos suponer que los secuestradores no eran miembros de esta institución. Quienes saben del tema me dicen, de hecho, que los secuestradores, aun cuando pertenezcan a corporaciones policiales, no utilizan nunca los uniformes de su propio cuerpo para cometer delitos. Y es lógico. Lo que buscan los delincuentes es alejar las sospechas de su verdadera identidad.
Cuando se sufre un delito de esta naturaleza, es difícil saber a quién acudir. Los secuestradores de manera automática amenazan a la familia para no ponerse en contacto con la Policía y han sido varios los casos en que los familiares recurren a la Policía, sólo para enterarse después de que los secuestradores tienen contactos en la Policía que les proporcionan esta información.
Las policías locales o federales, sin embargo, muchas veces llevan a cabo una buena negociación o incluso rescatan a la víctima sin el pago de un rescate. No hay certeza en un caso de secuestro de que el resultado sea positivo, ya sea que se acuda o no a la autoridad.
Ayer Alejandro Martí y María Elena Morera de México Unido contra la Delincuencia pidieron cinco acciones para combatir el secuestro. Entre éstas se cuenta: la creación de un observatorio ciudadano contra el secuestro, la definición de una estrategia nacional de combate a este delito, la expedición de una ley general antisecuestro, la construcción de un reclusorio especial para secuestradores y la reglamentación del uso de la telefonía celular.
Es difícil saber si éstas son las medidas idóneas para combatir el secuestro. Lo que sí es evidente es que durante mucho tiempo las autoridades prestaron muy poca atención a este crimen. Las autoridades federales han enfocado su atención a los delitos contra la salud, mientras que los gobernantes locales muchas veces ven el secuestro como un crimen que sólo afecta a los ricos y que, por lo tanto, tiene poco impacto social y poco rendimiento electoral.
Según la información disponible en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los secuestros representan solamente entre el 0.03 y el 0.04 por ciento de los delitos denunciados. En 2007, esta fuente registra 596 secuestros frente a 1.7 millones de denuncias de delitos tanto del fuero común como del federal. El problema es el impacto que el secuestro tiene sobre las víctimas y sus familiares. Pocos delitos son tan devastadores tanto a nivel financiero como en términos de la sensación de inseguridad que dejan.
La verdad, sin embargo, es que realmente no conocemos las cifras del secuestro. Las cifras del Sistema Nacional no son creíbles. En 2007, según estos datos, el 27.5 por ciento de los secuestros nacionales se realizó en Tlaxcala. En 2006 la cifra para esta entidad es de 45.4 por ciento del monto nacional. Esto no significa, por supuesto, que uno tenga más posibilidades de ser secuestrado si uno vive en Tlaxcala que en el resto del país. El problema es que en esta pequeña entidad los intentos de extorsión por vía telefónica se tipifican como secuestro. Esto hace, por supuesto, que se sesguen las cifras. Pero además no ha habido un intento por parte de las autoridades para obtener la información sobre los secuestros que no se denuncian.
Lo primero que hay que hacer si realmente queremos combatir el secuestro es conocer este crimen. La información estadística que hoy tenemos –por lo menos los ciudadanos, no sé si las distintas instituciones de seguridad y de procuración de justicia— es insuficiente. El secuestro no se combate con penas más severas sino acabando la impunidad. Y para esto la información es indispensable.
Alejandro Martí ha demostrado ser un hombre valiente. Enfrentó el secuestro y asesinato de su hijo. Por temor a los policías, recurrió a un negociador privado, pero ahora ha reconocido que quizá se equivocó. En lugar de huir del país, como tantos otros han hecho después de un secuestro, decidió que había que quedarse en México a dar la batalla. Ahora trata de enfrentar esa plaga que enfrenta nuestro país que es el secuestro. Este hombre puede rescatar del dolor enorme que sin duda lo agobia un esfuerzo que nos ayude a todos a construir un mejor país.
DESPLANTES DE ORGULLO
José Ángel Ávila, secretario de Gobierno del Distrito Federal, acudió ayer a un acto con el presidente de la República, Felipe Calderón. El jefe de Gobierno de la capital advirtió, a su vez, que estará dispuesto a participar en una reunión para elaborar estrategias contra el crimen si participaran todos los gobernadores y no fuera un encuentro entre él y el presidente. Son decisiones valientes de Marcelo Ebrard. A final de cuentas, los gobernados requerimos medidas contra la inseguridad y no desplantes de orgullo político.
