El gobernador del Estado HMV se expresa a favor de la pena capital para casos de secuestro, postura que nos obliga a todos los coahuilenses a un profundo análisis.
Es hecho incontrovertible que la sociedad civil se ha visto vulnerada por el crimen organizado que ahora practica el secuestro como una fuente de ingresos, con un incremento exponencial a partir de que el Ejecutivo Federal comienza a cerrar el paso al narcotráfico. Para cuando esto escribo está en preparativos la marcha “Iluminemos México” que parece augurar muy buenos resultados, representa la expresión ciudadana de la indignación sentida por millones de familias en todo el territorio nacional, ante la espiral delictiva y de impunidad que nos acosa. En lo personal hay ratos cuando me siento rehén en mi propio suelo, a merced de personajes oscuros que ciñen vidas y destinos de los ciudadanos.
La pena de muerte ha existido desde siempre como forma ejemplar de castigo, pretender reactivarla en nuestro suelo tiene varios aspectos qué considerar: Por una parte es la aplicación de una contradicción: “Yo estado ejecuto contra ti delincuente una acción que ejecutada por ti es delito y por mí es sanción”. Y por otra parte, habría que cuestionar si en verdad se aplicaría a los mayores criminales, cuando sabemos que la corrupción hace lo suyo para inventar delitos por un lado, e inocencias por el otro. Y finalmente, conociendo el perfil del secuestrador y el poco aprecio que tiene por la vida, dudo que la pena de muerte funja como castigo ejemplar para él; sería parte de la ruleta rusa implícita a su propio estilo de vida.
Estamos dentro de una sociedad que maneja una doble moral en todos los niveles, la transparencia está en los parlamentos de algún promocional televisivo, pero es cada vez más difícil encontrarla dentro de la función pública. Ha sido nuestro como mexicanos el concepto del “ahí se va” con que manifestamos nuestra lamentable tolerancia al delito, por citar algunos ejemplos, comencemos con los fraudes en exámenes escolarizados (la comprobación de copiones en la prueba “Enlace”, o el boicot a la aplicación de exámenes para plazas magisteriales son dos casos claros). Continuemos con la sustracción hormiga de insumos en los centros de trabajo (la plumita o el paquete de hojas para empezar), hasta llegar a la actuación de funcionarios de alto nivel, como personajes de infausta memoria que mucho dañaron al país, entre ellos algún ex-presidente que ahora pretende llegar a gobernador. Esta doble moral que durante muchos años ha sangrado los bolsillos de los mexicanos, ahora viene convirtiéndose en algo letal: En impunidad y corrupción.
El mayor de los males en nuestros tiempos es que la figura del delincuente surge tanto de los callejones de mala muerte como de las filas de servidores públicos, quienes utilizan su cargo para obtener un beneficio económico adicional facilitando y encubriendo a criminales. Policías que nada vieron, jueces que buscan adecuar el recurso legal para torcer los hechos y vender libertades.
Con relación a Amado Carrillo, cabeza del Cártel de Juárez, supuestamente muerto en 1997, encontré un dato impactante: El también llamado “Señor de los Cielos” transportaba droga por un valor de veinte millones de dólares a la semana, de los cuales se calcula que un diez por ciento correspondía a sobornos. Soborno es la figura delictiva que nos pega muy duro en la actualidad, falta que se toma como “pecata minuta” cuando en realidad llega a ser la puerta hacia el averno; por citar un ejemplo, ¿cómo es posible que nadie supo cómo se fugó un reo de una cárcel de máxima seguridad, como fue el caso del Chapo Guzmán en el 2001? ¿La ola de crímenes que estamos viviendo no tendrá en gran parte su origen en esta fuga?...
Alfonso Otero Torregrosa, líder empresarial del Estado de México ha dicho con relación a la pena de muerte, que si la sentencia no se cumple, cómo esperamos entonces que se cumpla la pena de muerte. Por su parte Gerardo Hernández de Milenio Diario señala que cualquier intento por implantar en México la pena capital debe pasar primero por una reforma profunda al sistema judicial, por la desconfianza que en la sociedad inspiran no sólo los tribunales, sino la mayoría de las instancias de gobierno, sean ejecutivas o legislativas, locales o federales.
Ya para terminar yo pregunto al margen de los aspectos morales, ¿estaríamos llevando al cadalso a quien en realidad se lo merece? Y cerraría muy a la mexicana con aquello de que si “con dinero baila el perro”, hay que acabar primero con el perro antes de pensar en castigos ejemplares.
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