Tras cuatrocientos días en prisión, el sábado quedó libre Flavio Sosa, activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Su salida de la cárcel, como antes su aprehensión, puso en evidencia el acuerdo (contubernio es mejor decir) entre el Gobierno panista y el de Ulises Ruiz, es decir entre Vicente Fox y Felipe Calderón, por un lado, y uno de los ejemplos más claros de la ruindad y autoritarismo priista, el que se encarna en el gobernador de Oaxaca.
Gestado desde el proceso electoral, que incluyó la muerte de por lo menos un opositor al candidato del PRI, el repudio popular a Ruiz se condensó en la primavera de 2006. Un rutinario enfrentamiento del Gobierno local con el sindicato de maestros evolucionó hasta convertirse en una vasta movilización social que puso en jaque al gobernador. Con la atención puesta en la campaña de su gran amigo Roberto Madrazo, y debilitado tras la contundente derrota del aspirante presidencial priista, Ruiz hizo frente a la actuación del magisterio y de la APPO con las armas que mejor sabe usar: violencia perpetrada por miembros de corporaciones policiacas, simulación y corrupción. La embestida gubernamental contra la sociedad en movimiento incluyó el asesinato de más de veinte personas y la consiguiente impunidad, vigente todavía hoy, pues ningún responsable de aquellos crímenes ha sido siquiera identificado y menos sometido a prisión.
La fragilidad del Gobierno de Ruiz, que parecía a punto de caer por la presión popular, se transformó en su contrario merced a la crisis nacional provocada por la calificación de la elección presidencial, la grave inconformidad que siguió y la movilización nacional contra el presidente considerado espurio. Si en algún momento el Gobierno Federal panista consideró posible la remoción de Ruiz, abandonó esa idea al incluirse la estabilidad del Gobierno oaxaqueño en la negociación que hizo del PRI el árbitro de la situación y la garantía de que el primero de diciembre habría relevo.
Como inicial e inequívoco mensaje del acuerdo entre Fox y Ruiz (quienquiera que lo haya convenido debe ser atribuido a uno y otro) la Policía Federal Preventiva llegó el 29 de octubre de 2006 a apuntalar con sus armas al impopular Gobierno local. Pronto se ratificaría el sentido del contubernio al ordenarse a la PFP perpetrar una de las más escandalosas violaciones masivas a los derechos humanos de que se tenga memoria: el 25 de noviembre de aquel año una banda de truhanes cometió graves actos de vandalismo, incluido el incendio del edificio sede del Poder Judicial. Achacada la agresión a miembros de la APPO, eso fue pretexto para practicar una redada en que cayeron presos más de 150 oaxaqueños a los que se hizo pagar su papel en la rebelión contra Ruiz, o la simple desgracia de pasar por la calle cuando la PFP realizaba detenciones arbitrarias. Ciento treinta y nueve personas no sólo fueron detenidas sin causa lícita, sino que se las trasladó a un penal federal de Nayarit. La misma suerte, aunque con diferentes destinos padecieron Flavio Sosa (notorio como vocero de la APPO) y sus hermanos Érick y Horacio, ellos remitidos a penales de alta seguridad como si fueron reos peligrosos en extremo.
La quebradiza autoridad de Ruiz se afianzó con estos gestos de solidaridad panista (también en la práctica de la represión es posible percibir las afinidades electivas) y allí lo tenemos todavía, firme en su cargo gracias a su entendimiento con Fox y Calderón. Como ha hecho con el de Puebla, Calderón no ha vacilado en mostrar la cálida relación que mantiene con el gobernador de Oaxaca, que representa todas las lacras contra las que Acción Nacional luchó durante décadas. No fue posible, sin embargo, prorrogar al infinito los extremos del abuso, y jueces federal y locales pusieron en libertad a las personas detenidas en Oaxaca en los últimos días de 2006, incluidos Érick y Horacio Sosa, libres en junio y noviembre del año pasado, reconocida por jueces la ilicitud de su detención.
A Flavio Sosa se asestó un trato diferenciado, para ejemplificar los riesgos de oponerse a la fuerza combinada del Gobierno Federal panista y local priista. Se le detuvo el 4 de diciembre de 2006 en la Ciudad de México, cuando, iluso de él, se aprestaba a establecer contacto con el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, como lo había tenido, en representación de la APPO con Carlos Abascal. Aunque no lo fuera formalmente, la captura de Sosa y tres acompañantes despidió el tufo de la traición, pues ni siquiera en regímenes abiertamente autoritarios se detiene a quienes han mantenido interlocución en negociaciones para encarar un conflicto. Se montaron en su contra seis procesos penales, por una variedad de cargos que resultaría risible si no fuera tan grave: sedición, asociación delictuosa, daños por incendio, secuestro, robo con violencia, lesiones, despojo agravado, etcétera. Poco faltó para que se le tuviera por miembro de Al Qaeda o de las FARC.
Una a una las acusaciones quedaron sin sustento, porque el Ministerio Público aportó y jueces locales aceptaron pruebas que no lo eran o testigos que se condujeron “con falsedad al declarar, pues sus dichos con discordantes en cuanto a tiempo y lugar” como ocurrió con quienes habrían visto a Sosa quemar el edificio judicial.
La personalidad política de Sosa es controvertida. No importa, sin embargo, al condenar que el contubernio de Calderón y Ruiz se cebara en su contra.
