El Instituto Nacional de Migración ha sido zona minada para las administraciones panistas. Personas respetabilísimas, pero sin experiencia administrativa y menos aún versadas en los temas migratorios, como Felipe Preciado y Magdalena Carral (los dos comisionados del INM nombrados por el secretario de Gobernación, Santiago Creel) entraron y salieron de su cargo sin poder enfrentar a las mafias que en esa comarca administrativa extorsionan a los migrantes y aun trafican con sus personas. La actual comisionada, Cecilia Romero, tampoco parece tener a la mano el remedio, así haya despedido a casi doscientos funcionarios en el año y medio que ha ejercido su responsabilidad.
Así lo dijo anteayer a miembros de la Comisión permanente que la convocaron a exponer los asuntos más relevantes de su tarea. La comparecencia casi coincidió con la entrada en vigor de la reforma a un texto que debía haber avergonzado a los mexicanos y era fuente de ingresos para los funcionarios y empleados migratorios corruptos. A partir del 22 de julio ingresar y permanecer en México sin la documentación debida ya no es delito, sino sólo falta administrativa. Cuando hace dos años se discutía en Estados Unidos la reforma migratoria impulsada por los senadores Edward Kennedy y John McCaine, el ahora virtual candidato republicano a la Presidencia norteamericana, no faltaron los alegatos mexicanos, entre hipócritas y desinformados, contra la criminalización que se pretendió asestar a los indocumentados en aquel país, como si en México no estuviera vigente esa misma infamante (e inútil e inaplicable) manera de controlar la migración que se realiza sin apego a la ley.
Los legisladores, con razón replicaron a la ex diputada y ex senadora Romero (carente también de experiencia en el tema), que no basta la remoción de funcionarios, y mucho menos su sola reubicación (aplicada a 247 personas), para eliminar las prácticas que han hecho del INM un nido de corrupción. Se requiere ahondar en el comportamiento de los despedidos y en sus nexos con traficantes para establecer el modo en que pueden ser cometidos delitos como el que en junio pasado permitió el secuestro de indocumentados cubanos que fueron arrebatados de manos de funcionarios del Instituto que en vez de deportarlos inmediatamente desde Cancún, los remitieron a Tapachula. La decisión de trasladarlos formó parte de la trama para que fueran liberados y hechos llegar a los Estados Unidos. Hasta ahora, ni el INM ni el ministerio público federal ha fincado en firme responsabilidades a ningún presunto culpable de ese delito. Siete de ellos permanecen arraigados porque no ha sido posible consignarlos ante un juez para que sean procesados.
Combatir la corrupción en el INM requiere voluntad y aptitud para determinar con certidumbre quiénes trafican con personas desde el seno mismo del órgano migratorio. Cuando no se procede con el rigor requerido la autoridad queda en ridículo y, lo que es peor, infiere daños irreparables a personas inocentes. Tal fue la situación generada en marzo de 2004.
Con lujo ceremonial, el 23 de ese mes, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, el procurador general de la República general Rafael Macedo de la Concha y el subprocurador responsable de combatir la delincuencia organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, proclamaron el desmantelamiento de una banda de traficantes de personas que operaba desde dentro mismo del Instituto.
Veintiséis de las 44 personas cuya detención se anunció entonces con alta sonoridad eran empleados del INM. Pero se trató de sólo escenografía montada por el inepto Ministerio Público Federal. Del casi medio centenar de implicados en la consignación penal, a la postre quedó en la cárcel sólo una persona, que no era miembro del Instituto, procesada por “lavado” de dinero. En septiembre de 2005 fueron exonerados 24 de los originalmente detenidos y 19 más en noviembre siguiente. Entre estos últimos figuró la señora Artemisa Aguilar, contra quien el subprocurador Santiago se ensañó mostrándola como una de las cabezas de la banda, siendo que su trabajo consistía en ofrecer informes en la ventanilla correspondiente, con más trato hacia el público que hacia dentro del órgano gubernamental.
La señora quedó exonerada hasta 19 meses después de su detención, mientras que a la postre Santiago obtuvo algún dinerito del caso, pues en mala hora ganó un juicio por daño moral contra el yerno y la hija de una persona que permaneció sin culpa casi seiscientos días en prisión.
En la mayor parte de las parcelas de la política y la administración ejercidas por los gobiernos del PRI las prácticas corruptas generaron un hartazgo que condujo al voto de castigo de 2000, que permitió la sustitución del partido en el poder. Una de esas zonas era el trato a los extranjeros. Abogados cercanos a la secretaría de Gobernación eran capaces de internar al país a personas sin documentos, pero con avales adinerados en México. Y en el nivel de los migrantes comunes la extorsión y la complicidad con “polleros” eran paradigmáticas, perpetradas por agentes de a pie que llegaron a ser temibles. Nada de eso parece haber cambiado. Felipe Preciado tuvo que dejar el cargo principal del INM en agosto de 2002 en manos de Magdalena Carral que se fue exactamente tres años después. Sus sucesores Pablo Torres Salmerón e Hipólito Treviño Licea tampoco pudieron actuar eficazmente en la limpia a fondo del Instituto. Tal condena se extiende también a Cecilia Romero.
