La Corte Constitucional rechazó ayer examinar su propio fallo de 2005 que validó el trámite legislativo con el que el año anterior se aprobó la reelección presidencial para un segundo periodo consecutivo.
La Corte, máxima instancia en Colombia para dirimir asuntos sobre la Carta Magna, rechazó así un pedido formulado en junio último por varios ciudadanos, así como una sugerencia de la Corte Suprema de Justicia enviado el 26 de junio.
La Corte “rechaza de plano” los recursos presentados, dijo en su fallo divulgado a la prensa, con lo que disipó las dudas que surgieron respecto a la legitimidad de la reelección del presidente Álvaro Uribe luego de que la Corte Suprema sentenció a una ex legisladora, cuyo voto fue crucial para aprobar la reforma constitucional, por haberlo hecho a cambio de promesas de favores que le hicieron funcionarios del Gobierno.
La Corte Constitucional sostuvo que esa instancia no revisa sus propios fallos o los revierte.
El fallo fue un triunfo para el presidente, cuyo segundo mandato se vio cubierto de dudas cuando la Corte Suprema condenó ayer a la ex congresista Yidis Medina a 47 meses de prisión domiciliaria luego de confesar que recibió ofertas de favores políticos de funcionarios del Gobierno a cambio de que votara a favor de la reforma que permitió la reelección.
El voto de Medina fue clave para aprobar 18 votos a 16 la reforma y que el proyecto siguiera una serie de debates donde ya el Gobierno tenía mayoría con sus propias filas.
En octubre de 2005, la Corte Constitucional declaró “exequible” ese trámite.
Eduardo Carreño, vicepresidente del no gubernamental Colectivo de Abogados, calificó como “lamentable” la decisión de la Corte Constitucional.
Señaló, en una conversación telefónica, que la determinación de la Corte fue un voto de “apoyo al presidente. La decisión fue de 8-1 y sólo hay un salvamento de voto”, la del magistrado Jaime Araujo Rentería.
Indicó que en el Colectivo de Abogados -uno de los grupos ciudadanos que pidió en junio revisar el fallo de 2005- examinarán si envían el caso a instancias internacionales como el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.
“Tenemos que estudiar con cabeza fría para ver qué posibilidades reales hay”, acotó el abogado.
El Gobierno no se pronunció de inmediato sobre la determinación de la Corte Constitucional.
