No acaba todavía. Los vecinos del Cortijo Residencial esperan que llegue la solución al problema que los afecta en su patrimonio. Mientras tanto, la diputada local Claudia Hernández Espino anuncia que solicitará el expediente del caso a la Contraloría estatal.
“Como grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), por el interés que hay ante este conflicto social, habremos de solicitar el expediente completo en donde la Contraloría se basó para llegar a la determinación de que no hay responsabilidades de servidores públicos. Creemos que tendremos acceso a este documento en virtud de que ya es una cosa juzgada”, dice.
Después de analizar el expediente, explica, se verá si se puede recurrir a otra instancia. “Al Gobierno del Estado le tiene que interesar este tema pues es un conflicto social, hay más de 300 familias que están siendo afectadas en su patrimonio, no se trata de polemizar el tema, sino que se dé atención para salvaguardar los derechos de aquellos que compraron de buena fe”, define.
Hernández Espino diserta que se quiere analizar a profundidad el procedimiento que siguió en este caso la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa (Secomad).
Citlalli Zoé Sánchez |
El Siglo de Durango
