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Crimen, crisis y política

Sobreaviso

René Delgado

Entre sus muchos y muy complicados desafíos, el año electoral entrante plantea dos peligros: la politización del combate al crimen y la politización del gasto público en el marco de la recesión económica.

Si la Administración calderonista no intenta sustraer de la contienda electoral su política anticriminal y su política económica anticíclica y, por el contrario, exagera la posibilidad de beneficiarse electoralmente de ellas, el resultado podría resultar calamitoso: la polarización y la confrontación, aun no superadas, podrían profundizar el desencuentro y complicar la situación nacional hasta convertirla en una crisis generalizada.

Ya el presidente Felipe Calderón habló de la imparcialidad con que se conducirá durante el proceso electoral. Fue bueno el planteamiento como malo fue el foro donde lo hizo, lo pronunció en la sede de su partido y no en el despacho de Gobierno.

Como quiera, el planteamiento presidencial cobrará significado en el terreno de los hechos. En los vértices del triángulo que trazan el crimen, la crisis y la política se verá si la Administración juega o no con dados cargados.

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En toda democracia es natural y lógico que el partido en el Gobierno busque beneficiarse electoralmente de las acciones de Gobierno. Puede la Oposición quejarse de ello, pero la realidad es ésa. La misma Oposición, ahí, donde es Gobierno, aprovecha esa circunstancia.

Sin embargo, Acción Nacional tiene un serio problema. Llega a la elección intermedia en pésimas condiciones. Los resultados obtenidos por esa fuerza en los comicios estatales dejan bien claro el tamaño de su descalabro y, por consecuencia, advierten la tentación de beneficiarse exageradamente de la política anticriminal y de la política económica anticíclica de su Gobierno.

El que Acción Nacional intentara recargar su debilidad electoral en esas dos acciones de Gobierno podría llevar a una situación todavía peor al partido, al Gobierno... y, de paso, al país.

Un mal cálculo del dirigente Germán Martínez o del presidente Felipe Calderón sobre el límite y el horizonte de la actuación combinada del partido y del Gobierno en el campo electoral en la circunstancia que atraviesa el país podría terminar por entramparlos en una situación política todavía más compleja.

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Dado el nivel de la violencia y de la impunidad criminal así como reconocida la urgencia de contener el efecto devastador de la recesión, es cierto que el concurso electoral no debe frenar el combate a la delincuencia como tampoco el gasto público. Ahí no debe haber duda.

Los partidos y el Gobierno deben tener bien claro eso y, por lo mismo, deben actuar con madurez al respecto. Politizar, desde la Oposición o desde el Gobierno, la lucha contra el crimen o el uso del gasto público sería una perversidad, cuyo efecto pagaría para variar la sociedad. Aflojar el combate al crimen o contener el gasto público, socialmente, sería criminal.

Es claro que las elecciones subrayan las diferencias, no las coincidencias. En cierta medida, para eso son precisamente las elecciones. Pero meter en el costal de los trucos electorales esas dos políticas para buscar beneficios sería en extremo delicado. Si la Oposición acusa desvíos sin fundamento, si el Gobierno y su partido abusan de esas políticas, el resultado será obvio: se terminará desprestigiando la elección y pervirtiendo aquellas dos políticas.

La observación ciudadana debe reconocer que el ejercicio de cuidar la elección no estará esta vez en las urnas como en la pulcritud del combate al crimen como en la pulcritud del gasto público. No deberá permitirse la distorsión y muchos menos la perversión. La actuación de la autoridad electoral será determinante en ese punto, deberá actuar con la decisión y la firmeza que le faltó al anterior consejo del Instituto Federal Electoral.

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A dos años de la Administración, el calderonismo ha manejado que el narcotráfico, verdad de Perogrullo, es un negocio de narcotraficantes con ciertos derrames en las corporaciones policiales así como en mandos y funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República... pero no en la élite política.

Ni un solo político ha aparecido como cómplice de esa industria criminal o de alguna otra industria de ese tipo. Ningún político ha sido detenido por esa causa, siendo que a sotto voce se deja saber que hay dudas sobre tal o cual gobernador, sobre tal o cual munícipe. Pero, en los hechos, ninguno de ellos ha sido molestado ni con el pétalo de un oficio.

Incluso muchos de los políticos sobre los cuales hay sólidos indicios de una conducta criminal han sido exonerados o reivindicados de las más diversas maneras: expidiéndoles certificados de inocencia, compartiendo foros con ellos, suscribiendo acuerdos con ellos, convidándolos a participar en ceremonias oficiales o, peor aún, estableciendo alianzas abiertas o cerradas con ellos. De esa manera se ha alentado y fortalecido la idea de que el crimen es algo ajeno a la clase política, constituida al parecer por una pléyade de arcángeles.

Si el año entrante, la Administración calderonista resuelve dar un giro en ese frente y actúa contra alguno de esos arcángeles, será menester que acredite plenamente el involucramiento de éste o aquel político con el crimen, sobre todo, si ese político es miembro de un partido distinto al albiazul. De quedar plenamente acreditado ese involucramiento, el partido que ampare a ese político deberá actuar con semejante pulcritud: si uno de sus cuadros forma parte comprobadamente del crimen, tendrá que asumirlo como tal y no ampararlo bajo las siglas de su partido, extendiéndole un sello de impunidad a su conducta.

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No menor pulcritud deberá exigirse en el uso del gasto público. Si bien se ha reconocido como un acierto el aplicar una política económica anticíclica, ésta no debe ser el instrumento para acarrear votos y regresar a la subcultura de la compra velada de la voluntad ciudadana.

Qué tanto esa política contendrá la crisis está por verse, lo que está fuera de duda es que el año entrante, año electoral, mucho dinero público estará sobre la mesa y, visto el tamaño del efecto social de la crisis, no deberá tolerarse que ese dinero forme parte del arsenal electoral. Son empleos, es trabajo lo que está en juego y pervertir el gasto sería criminal.

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Las fronteras que acotarán el concurso electoral del año entrante son frágiles en extremo, el mismo crimen lo sabe y probablemente hasta de eso pretenda aprovecharse.

A lo mejor es ingenuo exigir al Gobierno y a los partidos políticos en su conjunto tomar conciencia cabal del campo donde van a subrayar sus diferencias y, quizá, también es ingenuo exigirles no traspasar las frágiles fronteras que marcan el campo minado donde tendrá lugar del concurso electoral. Puede serlo. Sin embargo, si no se insiste en la importancia de “blindar” y separar los campos de la política electoral, de la política económica, de la política social y de la política anticriminal, cualquier error, cualquier exceso podría desatar una explosión en cadena... y, hasta donde se sabe, las elecciones no tienen por objetivo eso.

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sobreaviso@latinmail.com

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