Una irrefutable denuncia contra la política practicada por autoridades del Distrito Federal que criminaliza a los jóvenes, es la médula del informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre las responsabilidades gubernamentales en la matazón del 20 de junio. Esa política se expresó en la detención sin orden judicial de centenares de jóvenes que se divertían en una discoteca de la colonia popular Nueva Atzacoalco. No fueron hallados, tampoco, en flagrancia, pues no cometían ningún delito. Las policías, con la estratagema de una revisión administrativa que no requería ningún despliegue de fuerza, iban en realidad tras los muchachos, por el solo hecho de que lo son, y no tras los mercaderes que los envenenan con alcohol o drogas.
Esa denuncia sobre una política que se aplica de manera “sistemática e institucionalizada, que es imprescindible desmontar” es el marco y la conclusión del Informe Especial presentado el martes por el presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez-Icaza Longoria. En el preámbulo a las conclusiones del reporte se establece “la existencia de un patrón sistemático de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los jóvenes capitalinos a cargo de las autoridades de la SSP-DF, mismo que responde a una política de seguridad pública que pone en una situación de predelincuencia a la juventud”.
El informe fue puntual en la asignación de responsabilidades éticas a los funcionarios cuyos dependientes actuaron directamente en el caso. De esa indagación se desprendieron las decisiones que hicieron salir del Gobierno capitalino al secretario de Seguridad Pública Joel Ortega y al procurador de Justicia Rodolfo Félix. Pero la recomendación 11/2008 de la oficina del Ombudsman no se agota en enumerar acciones sobre el caso concreto sino que, en línea con formulaciones semejantes expedidas con anterioridad, muestra un horizonte que obligará al Gobierno de la ciudad a reconstituir no sólo las dependencias que mudarán de cabeza sino el talante del Gobierno entero en su relación con los ciudadanos, especialmente los desprotegidos jóvenes de las zonas más pobres de la ciudad.
Álvarez Icaza confirió carácter emblemático a la presentación del informe y la recomendación. Al acto acudieron los deudos de un buen número de las víctimas, cuyos nombres aparecían en una mampara tras la tribuna desde donde el ombudsman leyó su texto, como figuran también en la dedicatoria del documento presentado junto a un Avance de investigación. Dar el lugar central a los ofendidos y a sus familiares es el modo de expresar la empatía que la gestión de los derechos humanos debe hacer sentir a los agraviados. Álvarez Icaza respondió de esa manera (con la pormenorizada pesquisa, la recomendación y su difusión pública) al espíritu que lleva en algunos países a llamar Defensor del pueblo a quien realiza la función de la CDHDF, y que en la tradición mexicana encuentra su origen en la procuraduría de los pobres instituida a mediados del siglo XIX por Ponciano Arriaga en San Luis Potosí.
El Informe se integra por cuatro capítulos y las conclusiones: I Marco referencial y contexto (un notable ensayo sociológico sobre la juventud en la delegación Gustavo A Madero, que además incluye la memoria de recomendaciones previas de la Comisión sobre el tema del informe), II. Marco jurídico local, federal e internacional, con énfasis en “la proporcionalidad de la fuerza utilizada para la defensa del orden público”) IV Reconstrucción y análisis de los hechos (una estremecedora cronología de horrores y errores donde se detallan defectos de la estructura policiaca y del comportamiento de agentes sobre el terreno)). Y, IV Convicciones (las dos últimas de las cuales sintetizan la situación: “la tragedia… era ciento por ciento evitable. El operativo nunca debió llevarse a cabo” y “diversas instancias del Gobierno de la ciudad pusieron trabas e incumplieron en diversas medidas su deber de colaboración con la CDHDF. En especial, que la SSP ocultó información y obstaculizó deliberadamente la investigación de este organismo”.
A su vez, la recomendación va dirigida al jefe de Gobierno del DF y al director general jurídico y de Gobierno y encargado de la jefatura delegacional Gustavo A. Madero. Al primero se le demanda que gire instrucciones, en conjunto al secretario de Seguridad Pública y al procurador de Justicia, y a cada uno de ellos por separado, y al director general del Instituto de la Juventud del DF. De la atención a esas recomendaciones deben surgir medidas y conductas que eviten en lo futuro la repetición de la tragedia del 20 de junio. Un ejemplo de ello es la creación “de un cuerpo policial mixto especializado en intervención con jóvenes y en la resolución no violenta de conflictos”.
Directamente al jefe de Gobierno se le recomienda “garantizar espacios públicos para los jóvenes en condiciones de seguridad” mediante “trabajos coordinados con las delegaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil”. Y se le pide también que “ofrezca una disculpa pública” a las víctimas, a sus familiares y “a la sociedad en general del Distrito Federal”; que repare “los daños materiales e inmateriales causados a las víctimas”, y “como parte de la reparación del daño inmaterial” que se reivindique “la dignidad y la buena imagen de todas y todos los jóvenes que fueron víctimas del operativo”.
No se propone una coartada sensiblera, sino que se muestre respeto a las personas.
