La semana pasada publicamos en esta columna que el problema de hidroarsenicismo asociado a la salud pública de los laguneros indicaba que estamos ante una crisis ambiental recurrente. Algunos lectores nos preguntaban hasta qué punto es cierto referir al término crisis ambiental y específicamente preguntaban por qué recurrente. Aprovechamos el descanso de la maestra Magda Briones para hacer uso de este espacio editorial para dar respuesta a esta inquietud de los lectores.
Hablamos de crisis ambiental porque consideramos que ésta se manifiesta en el momento en que surgen desequilibrios en los sistemas naturales, los cuales se expresan a diferentes escalas como hoy sucede a nivel global con las alteraciones en el clima y en los procesos biogeoquímicos (ciclo de nitrógeno, ciclo hidrológico, etc.), o a nivel local como sucede en La Laguna con el agua (que no es sino una alteración del ciclo hidrológico en la escala de la cuenca hidrológica y la región geográfica). La presencia de estos desequilibrios reflejan la saturación de los umbrales permisibles en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, es decir, que el ambiente en que vivimos sufre modificaciones por encima de los límites permisibles para la vida, incluyendo a la especie humana.
Las crisis ambientales indican una relación disfuncional entre el hombre y su medio, donde, lamentablemente, las actividades humanas provocan esos desequilibrios convirtiendo a su entorno en un espacio no apto para su desarrollo. De la misma manera que las emisiones de dióxido de carbono que las industrias, los autos y otras fuentes han incorporado en la atmósfera, son la causa principal del cambio climático global asociado a otras alteraciones como la reducción de la capa de ozono, la lluvia ácida o la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de los acuíferos para satisfacer la demanda de agua de la agricultura ha disminuido la calidad del agua para esta actividad como para el consumo humano.
En el contexto nacional las primeras crisis ambientales ocurren a nivel regional, particularmente por la contaminación atmosférica en las zonas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey en los años setenta del siglo pasado; en ese entonces se les concibió como problemas de salud pública enmarcándolas en este ámbito cuando su regulación se sujetaba a la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental (1971) y su atención correspondía a la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente (1972), dentro de la SSA. En la medida que otras crisis sucedían en diversas regiones del país a la par de los eventos internacionales que indicaban una preocupación mayor por los problemas ambientales, específicamente la Reunión de Estocolmo (1972) y la Cumbre de Río (1992), se fue construyendo una legislación y política ambiental nacional que integrara un marco normativo que regulara estas cuestiones y a la vez les diera respuesta, las cuales se concretan en 1988 con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA) y en 1994 con la creación de la Semarnat; a la vez, estas regulaciones debieron hacerse más puntuales para cada caso y de esa manera se crean las Normas Oficiales Mexicanas.
En el ámbito regional han sucedido varios eventos que nos indican la presencia de estos desequilibrios que a su vez se han convertido en crisis ambientales, por sus efectos en la salud pública y la reacción de la población por el daño que se sufre. La primera de ella ocurre a mediados de los años ochenta del siglo pasado, cuando varios ciudadanos encabezados por Magda Briones se agrupan en una Asociación Civil (Para la Defensa del Ambiente), quienes denuncian los daños en la salud, ya documentados científicamente por médicos de la región, que estaban padeciendo habitantes de varias comunidades rurales a quienes en casos extremos ya se les venían realizando amputaciones en sus extremidades, y cuyo origen se encontraba en la ingesta de agua con concentraciones de arsénico muy por encima de los valores permisibles por la Norma Oficial, fenómeno al que se le llamó hidroarsenicismo. En ese entonces el reclamo ciudadano generó un movimiento de este tipo que obligó a las autoridades a bombearles agua desde la red de suministro hasta aquellas alejadas comunidades para que no continuaran consumiendo agua contaminada de los pozos profundos donde venían haciéndolo.
Casi a la par de este problema, sucede una imposición de la política gubernamental cuando la CFE decide instalar, con el apoyo de los políticos locales, una planta termoeléctrica en el Valle de Villa Juárez, municipio de Lerdo, Durango, sitio donde se ubica un acuífero conectado con el acuífero principal al que la entonces SARH había señalado como la futura reserva de agua potable de la zona metropolitana.
Tal determinación oficial generó la reacción ciudadana entre el mismo conglomerado de ciudadanos, quienes señalaron la existencia de otros lugares opcionales como Mapimí o Ana, ya que en el sitio seleccionado por la CFE se realizaría una extracción importante de volúmenes de agua de buena calidad cuando la planta podría trabajar con otro tipo de agua, además de que terminaría descargando aguas residuales en el lecho del río que podrían impactar el ecosistema ripario; a fin de cuentas la planta se construyó y se desconocen los impactos ambientales y sociales que ha tenido en ese lugar. (continuará el próximo miércoles)
