Al concluir la década de los ochenta el reclamo ciudadano de este grupo de personas preocupadas por la salud de la población rural afectada por la ingesta de agua con elevadas concentraciones de arsénico, obtuvo un resultado parcialmente positivo puesto que esas personas tuvieron una opción distinta de abasto de agua para su consumo doméstico, pero no se solucionó el problema de fondo que era y es la sobreexplotación del acuífero. Esa satisfacción se vio opacada con la construcción de la termoeléctrica en Villa Juárez, quedando la frustración por las decisiones tomadas por políticos acostumbrados a imponerlas en los distintos ámbitos de la vida pública.
En la siguiente década, fueron otra vez los médicos de la región quienes desde 1978 detectaron otro problema de salud pública ahora asociado a la contaminación del aire en el área urbana de Torreón, provocada principalmente por las emisiones de gases que incorporaba a la atmosfera la empresa metalúrgica Peñoles, además de aquellas que también emitían los autos y algunas otras empresas. En esa ocasión las concentraciones de algunos metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, que circulaban en el aire que respiramos quienes residíamos particularmente en el perímetro inmediato al sitio donde se ubica la empresa, eran muy elevadas y estaban afectando la salud de la población, sobre todo de miles de niños.
Al detectarse el problema no existía una Norma Oficial que determinara los estándares permisibles en el país, misma que tuvo que elaborarse en 1999. En ésta como en la anterior ocasión con el hidroarsenicismo, la respuesta gubernamental no fue la adecuada al negar u omitir dicho problema, y nuevamente también fue el reclamo ciudadano, ahora señalado con fundamentos por otro grupo ciudadano (En Defensa el Ambiente) con la participación significativa de Francisco Valdés, el factor que obligó a las instituciones del sector salud y ambiental a buscar soluciones que involucraran a la empresa metalúrgica a modificar su tecnología para el control de las emisiones que durante décadas venía generando producto de sus procesos industriales, a la vez de que tuvo que aportar recursos para la atención de los infantes afectados y otras medidas que mitigaran el impacto de su presencia en el área urbana de esta ciudad.
La problemática que giró en torno a la contaminación atmosférica del área urbana de Torreón, constituye una segunda crisis ambiental de la región, ahora asociada a la disponibilidad de otro recurso natural, el aire, que sufre alteraciones en su composición química por las emisiones de gases señaladas, el cual se suma a la lista de crisis ambientales que venían sufriendo algunas urbes del país décadas atrás.
A inicios de este milenio el manejo del agua en la región vuelve a ser motivo de controversia cuando la Comisión Nacional del Agua anuncia la construcción de dos presas sobre el cauce del Río Aguanaval. En ella se confrontan no sólo los intereses de diversos grupos locales, sino visiones distintas sobre el uso de recursos naturales como el agua, ya que ante la pretensión de manejar este recurso para beneficio de agricultores de San Juan de Guadalupe, Durango, ubicados en la parte media de la cuenca, se afectaría a los agricultores y la población de Matamoros y Viesca, Coahuila, ubicados en la parte baja, además de los daños ambientales que provocaría a la reserva ecológica de Jimulco donde, entre otros impactos se dañaría el ecosistema ripario alimentado por los manantiales que brotan del río.
Así la millonaria inversión para construir elefantes blancos reflejaba la pobre visión de la CNA en el manejo de este recurso; se apoyaba más en la satisfacción de intereses de grupos locales que en el propósito de asegurar un manejo sustentable de esta cuenca. A pesar de la carencia de argumentos técnicos, ambientales y sociales sólidos que respaldaran la decisión gubernamental, este asunto terminó en otra imposición al construirse la presa en el Arroyo del Tigre y en el todavía presunto interés por construir la presa en el Cañón de la Cabeza.
Finalmente, en este año se difunden datos sobre las concentraciones de arsénico en el agua que consume la población de Torreón, afectando con ello ya no sólo la salud de habitantes de comunidades rurales ubicadas en la periferia de la región, sino de una parte importante de la población urbana con serios riesgos de contraer cáncer debido a la ingesta de este metal pesado. Lo relevante de esta cuestión es que tal situación se conoce desde hace varias décadas y a la fecha no se hayan tomado medidas importantes para resolverla, ya que para muchos es conocido que su origen se encuentra en un manejo irresponsable del agua que se extrae del acuífero principal, recurso hoy concentrado en un grupo selecto de empresarios agroganaderos que se dedican a la producción de leche, beneficiados con esta actividad económica exitosa pero que lamentablemente hacen uso de un recurso considerado como bien común y que por la forma en que lo aprovechan se convierten en el principal factor que provoca la disminución en la calidad del agua que estamos consumiendo en nuestras casas.
Este problema anticipa una nueva crisis ambiental, ahora recurrente, el cual, necesariamente está provocando otro reclamo ciudadano ahora expresado en el movimiento aglutinado en torno al Encuentro Ciudadano Lagunero que ya despliega acciones para ser escuchado, como la marcha que se está convocando para el próximo 24 de junio por las calles de Torreón. Realizar un manejo indebido de recursos naturales como el agua y el aire, indican que la política ambiental ha sido más reactiva que preventiva, pero también nos dicen que si los ciudadanos no participamos reclamando su manejo responsable por encima de los grupos de interés que se benefician de su uso o disposición, el desarrollo de nuestra región se verá sujeto a la recurrencia de estas crisis.
