Hoy México consolida la llamada “reforma electoral de tercera generación”, mediante la cual se ha prohibido la intervención de particulares, iglesias y gobernantes en elecciones y la contratación de publicidad en radio y televisión. (Archivo)
México tendrá en 2008 un nuevo marco legal para la celebración de elecciones.
En los últimos 30 años, México ha consolidado cambios de fondo en su entramado electoral como respuesta a crisis derivadas de condiciones políticas y sociales que atentaron contra la democracia y que en cualquier momento habrían detonado conflictos violentos de gran envergadura.
En 1977 se dio la apertura a la pluralidad para que grupos inconformes, disidentes o guerrilleros participaran en política; en 1994-1996 se consolidó la autonomía y ciudadanización del árbitro encargado de la organización de los comicios, el Instituto Federal Electoral, y en 2007 se fortalece la investigación y fiscalización de este órgano y se blinda al espacio público de la intervención de poderes fácticos.
México tendrá en 2008 un nuevo marco legal para la celebración de elecciones, que estará a prueba en el proceso de renovación del Congreso federal en 2009.
Académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México asentaron que esta reforma que se consolida es de “claros y oscuros”, pues si bien atiende los problemas que llevaron al país a la convulsión política de 2006, aún hay pendientes en materia de transparencia de las fuerzas políticas nacionales.
“Los partidos han dilapidado el momento histórico para consolidar reformas que garanticen su transparencia”, asentó el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, John Ackerman.
Hoy México consolida la llamada “reforma electoral de tercera generación”, mediante la cual -con cambios a la Constitución y a las leyes secundaria- se ha prohibido la intervención de particulares, iglesias y gobernantes en elecciones y la contratación de publicidad en radio y televisión.
Pero la sociedad civil organizada -como el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral- ha lanzado enérgicas críticas contra este proceso con el argumento de que es una reforma que beneficia a los tres principales partidos políticos nacionales: el oficialista Partido Acción Nacional, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó al país durante 70 años.
Irma Eréndira Sandoval, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advierte que las reformas electorales han sido en respuesta a crisis derivadas del tema de la democracia. Indicó que el desarrollo del entramado electoral mexicano se tiene que ver desde una perspectiva histórica.
“Las tres reformas surgen como respuesta a momentos conflictivos, de explosión social: en los 70 el asunto de la guerrilla, en 1996 responde al conflicto político que se vivió en 1988 (con la controversia electoral entre el oficialista Carlos Salinas de Gortari y el izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas) y ésta que es una respuesta reformista al conflicto social de 2006”, apunta Sandoval.
México tiene una población aproximada de 110 millones de habitantes. Tiene 31 estados independientes y un Distrito Federal (ciudad de México), cada uno con su congreso, leyes y autoridades electorales. El padrón electoral nacional lo integran 74 millones 626 mil 820 ciudadanos (48.19% hombres y 51.81% mujeres).
Alberto Aziz Nassif, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, indicó que en los últimos 30 años los componentes de conflicto y reforma han marcado los cambios del aparato electoral mexicano.
Asentó que pese a los avances desde hace una década comenzó ha existir malestar social por el financiamiento que recibían los partidos y la intervención de la radio y la televisión. Explica: “Se había entrado en un esquema demasiado mediatizado de las campañas. La elección presidencial de 2006 abre el ciclo de conflicto, hay problemas de certidumbre, de mediatización excesiva y se lastima el pacto político de certidumbre logrado en 1996.
“Este conflicto abre la última reforma que es básicamente para modificar las condiciones de competencia en materia de medios de comunicación, los procesos de fiscalización de partidos mediante un nuevo árbitro con más fuerza, retirando obstáculos como el secreto bancario y fiscal, se reestructura a fondo el Instituto Federal Electoral, el IFE”.
El IFE es el órgano encargado de organizar, vigilar, realizar el cómputo de los comicios nacionales (que se llevan a cabo cada tres años para elegir a 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional y cada seis años para elegir presidente de la República y senadores). Existe una institución única encargada de resolver controversias derivadas de conflictos electorales: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encuentra a nivel de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sólo resuelve materia comicial y es la encargada de calificar la elección presidencial.
Así, el IFE, además de organizar y contar los votos, es el órgano encargado de distribuir recursos públicos a los partidos políticos, pues el financiamiento privado está prohibido. Sólo en 2007 se invirtió en los ocho partidos políticos con registro 2 mil 704 millones 100 mil 762 pesos, unos 250 millones de dólares.
Un año antes, para la campaña presidencial de 2006, los mexicanos gastaron en sus partidos 4 mil 171 millones 096 mil 908 pesos y la misma cifra en la organización de los comicios, en total casi 8 mil millones de pesos.
Al concluir ese proceso y la convulsión política provocada por el conflicto post electoral derivado de lo cerrado de la elección presidencial de 2006 y de la intervención de agentes económicos y del propio presidente Vicente Fox, en ese momento surgieron señalamientos de partidos, candidatos, y de la sociedad civil organizada.
Coincidieron en que la democracia mexicana es muy costosa, las campañas son largas, no hay confiabilidad ni mecanismos que ayuden a aclarar unos comicios cuando la diferencia de votos entre ganador y segundo lugar es muy pequeña, sumando a todo esto la intervención de los sectores económicos y la influencia de los medios electrónicos.
Ante la tensión política la Cámara de Senadores impulsó una nueva reforma del Estado. El tema inicial fue la modificación del marco legal electoral. El 12 de septiembre de 2007 el Congreso de la Unión la aprobó.
En ella se establece el derecho de réplica como una garantía elevada a rango constitucional; se recorta el presupuesto y los recursos económicos en forma sustancial a los partidos y también en las campañas electorales, se da acceso a todos los partidos a medios electrónicos de comunicación de manera proporcional y se les restringe la contratación de tiempos en cualquier modalidad.
Modificaciones
En la reforma electoral se aplicaron los siguientes “candados”:
Injerencia de terceros. Señala que queda prohibida la intervención de organizaciones en la creación de partidos así como cualquier forma de afiliación corporativa
Financiamiento. A partir de ahora el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos se obtendrá multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del salario mínimo diario vigente para el DF. 30% de este resultado se distribuirá en forma igualitaria entre partidos y 70% de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior
Contratación de propaganda. El IFE administrará del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, y dispondrá de 48 minutos diarios que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral.
