Al parecer, la “invitación” enviada por el secretario de Agricultura Alberto Cárdenas a las organizaciones campesinas para reunirse hoy en su oficina, será desdeñada. La cita serviría para presentar “los programas y apoyos previstos para hacer frente a la apertura comercial e impulsar la competitividad de los productores agropecuarios y pesqueros del país”. Varias agrupaciones campesinas, incluida la mayor y más real de todas ellas, la CNC priista, han resuelto excluir a Cárdenas de la interlocución sobre la actual situación del campo y por eso no responderán a la convocatoria. A menos, supongo, que para forzarlas se imprima un tono formal a la cita y sirva para que sesione el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural mexicano, órgano de Ley que ha sido desatendido por el titular de la Sagarpa.
Ayer, en cambio, el ex titular de la Semarnat recibió a los secretarios de Desarrollo Agropecuario de los gobiernos estatales, inconformes como las agrupaciones de campesinos por el modo de aplicar las reglas de operación de tales programas y apoyos, que reserva a la autoridad federal capacidades de decisión que los responsables locales del ramo quieren compartir.
La desgravación que conforme al Tratado de Libre Comercio permite a partir de este mes la libre importación de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo ha mostrado, además de la discusión de fondo sobre el libre comercio agropecuario, los desencuentros y malos entendidos de las organizaciones campesinas con el Gobierno panista, prolongación de los que se produjeron con el secretario Javier Usabiaga en el sexenio pasado. Tanto el fallido aspirante al Gobierno de Guanajuato como el ex gobernador de Jalisco, sustentan visiones diversas a las que privan en las agrupaciones campesinas. Es verdad que entre éstas hay de todo, desde verdadera fuerza organizada hasta charlatanería, desde movimientos serios integrados por auténticos productores hasta membretes cuyos líderes, empleados y miembros caben en un elevador, y que se mantienen no en el surco sino en busca de los muy disminuidos gajes que todavía pueden cosechar.
Pero englobar en un trato despectivo a todo el sector rural, como si se tratara de rufianes abusivos que quieren sacar provecho de coyunturas que contribuyeron a crear o que no enfrentaron oportunamente puede conducir a inestabilidad política que agravaría la delicada situación económica en el campo, que el gobierno calderonista se niega a reconocer.
Para eludir sus responsabilidades en el enfrentamiento de las dificultades presentes (pues de nada sirve haber emitido en noviembre el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-20012 si nadie se apresta a su aplicación), el Gobierno ha trasladado el verdadero tema del debate, las condiciones de la producción agropecuaria general, no sólo la que se ha modernizado y opera con criterios empresariales, a un juego retórico sobre las bondades del Tratado de Libre Comercio, que justifica el pasmo gubernamental sobre ese pacto. Dos veces el propio Felipe Calderón el lunes pasado (en su mensaje de año nuevo y ante los embajadores y cónsules mexicanos) y un desplegado de la Sagarpa casi canonizan a Carlos Salinas, que firmó un convenio lesivo para el interés general, pero que en la visión panista de hoy ha sido positivo. Dijo el Ejecutivo que “ha sido benéfico para los mexicanos porque ha permitido que (los) consumidores podamos contar con más productos de mayor calidad y a mejores precios (y) permitido exportar más productos mexicanos”.
Según su información, los socios norteños de México “compran hoy a agricultores mexicanos casi cinco veces más que en 1994”. Calderón hizo una lectura de los números levemente más optimista que las de la Sagarpa, según la cual el aumento es de “cuatro veces más”.
Calderón y su secretaría de Agricultura coinciden en alegar una obviedad, que consiste en que la desgravación que ahora es plena se inició hace catorce años, como si eso la hubiera convertido en inexorable. No tienen presente, además, que hace cinco años el Gobierno Federal, panista, el de Vicente Fox, se comprometió con los productores del campo –e incumplió su compromiso.— a iniciar “de inmediato consultas oficiales con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para revisar lo establecido en el TLCAN para maíz blanco y frijol y convenir con las contrapartes el sustituirlo por un mecanismo permanente de la Administración de las importaciones o cualquier otro que resguarde los legítimos intereses de los productores nacionales y la soberanía y seguridad alimentarias”.
El juicio sobre el beneficio o perjuicio del TLC sobre la economía mexicana en general o sobre la del campo en lo particular es vacuo si no se funda en cifras. Y éstas no dejan lugar a duda. México padece un déficit en sus operaciones mercantiles. El año pasado, por ejemplo (cifras a octubre), según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos las importaciones mexicanas de productos agropecuarios se aproximaban a diez mil quinientos millones de dólares, dos mil millones de pesos más que las exportaciones. “Las cifras no son peores –dice Luis Hernández Navarro, que cita esos números—gracias a la cerveza”, cuyas ventas al exterior significaron en 2005 el 18 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos (La Jornada, 8 de enero).
En 1992, José Ángel Conchillo, panista eminente, se opuso a la firma del TLC en un libro cuyo capítulo final es brevísimo: “¿Debe México sacrificar tanto por tan poco? ¡NO!”.
