Demandan empresarios una eficaz procuración de justicia.
Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de México (Coparmex), cuestionó el desempeño de las autoridades frente a los diversos ilícitos. “Nuestras autoridades llegan tarde en todas las ocasiones” expresó.
Luego de que la cúpula empresarial de México cuestionó la confiabilidad de los encargados de la impartición de justicia, a través de un desplegado publicado ayer en distintos medios de comunicación, el dirigente empresarial dijo que de nada sirve establecer penas altas o penas de muerte si los criminales no son detenidos, juzgados, sentenciados y castigados: es la impunidad lo que envalentona a los secuestradores y asesinos, comentó.
En el país, 95% de los delitos es del fuero común y el 5% restante corresponde al fuero federal, pero sólo el 0.7% recibe sentencia condenatoria, mientras que el 99.3% restante queda impune, de acuerdo con el desplegado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Lorenzó Ysasi, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), se refirió también al tema y sostuvo que el poder de la delincuencia ha logrado traspasar los mandos superiores de las corporaciones policiacas.
El representante reconoció el trabajo de miles de efectivos, pero dijo que la corrupción ha permeado a los altos mandos de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Los representantes coincidieron en que aumentar el número de años en prisión es un paliativo que no resuelve el problema de fondo.
Miguel Marón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), indicó que entre 3% y 4% del costo total de los productos son propiciados por la erogación de los empresarios a temas de seguridad.
Marón aseguró que los resultados de la impartición de justicia en México son pobres y que en todo caso se tiene que trabajar en el castigo a los delitos y evitar que prevalezca la impunidad.
González Sada aseguró que la población ha cedido parte de sus libertades a las autoridades para conseguir una mejor protección; sin embargo, en el balance de las cuentas, son las autoridades las que quedan a deber.
“Esperamos a que nos atiendan en oficinas burocráticas. Nos detienen en retenes para revisiones. Aceptamos que nuestros teléfonos sean intervenidos”, dijo.
La IP aseguró que cada vez que se eleva voz y se exigen cuentas efectivas, recibimos por respuesta descalificaciones, más burocracia, respuestas políticas, echadas de culpas de una a otra autoridad, humillaciones y, por supuesto, más crimen, más brutalidad.
Yasí expresó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación es necesario destinar recursos a la mejoración de las condiciones de las prisiones mexicanas.
Las cárceles en lugar de funcionar como readaptadores sociales, funcionan como universidades del crimen.
En un desplegado dirigido a los poderes de la Unión, de los Estados, y a la opinión pública, el CCE aseguró que la impunidad es el principal enemigo a vencer.
Sin mencionar por su nombre la propuesta del presidente Felipe Calderón, el Consejo destacó el hecho de que “las sanciones y penas aplicables, por más altas que sean, no tendrán un impacto real en el nivel de inseguridad que padecemos, mientras no sean acompañadas de acciones efectivas”.
El Consejo Coordinador también recordó que recientemente se aprobó la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, y que no se debe ni se tiene que esperar ocho años para que ésta se concrete.
En el desplegado que suscribieron los principales grupos empresariales del país, le pidieron a las autoridades “presentar y aprobar las iniciativas conducentes para que dicha reforma se implemente de inmediato”.
Pide PGR a estados diagnóstico de plagio
El procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, pidió a las procuradurías estatales elaborar un diagnóstico claro del delito de secuestro en su entidad para combatirlo con éxito.
Dijo que para que no existan confusiones con la forma en que actualmente se expresa, deben tomar en cuenta en su diagnóstico los golpes que han sufrido los cárteles de la droga, la implicación de servidores públicos en su comisión y la operación de integrantes de bandas de plagiarios que continúan libres.
De acuerdo a un comunicado de la PGR, durante una reunión de la Comisión de Apoyo a la Instrumentación de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, Medina-Mora reiteró que el combate al secuestro es una tarea que debe realizarse de manera conjunta entre los gobiernos federal y estatales.
