La sobreexplotación de material del río por parte de las cribadoras ubicadas en esta ciudad, podría ser la causa de las abras o hundimientos registrados en las colonias cercanas al lecho, motivo por el cual, los vecinos piden la cancelación de los permisos otorgados por las autoridades, o la reubicación a otro lugar donde no causen daños.
Durante una rueda de prensa organizada por el Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), a la cual asistieron también como invitados los vecinos de las colonia César G. Meraz, en su mayoría mujeres, se puso de manifiesto el daño provocado por las cribadoras.
Una de las vecinas de la colonia César G. Meraz, donde el pasado domingo se registró una profunda abra, dijo que es necesario que la Presidencia Municipal gestione ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cancelación o reubicación de las cribas, localizadas a la altura de esa colonia.
“Tengo temor. Ya no duermo bien en las noches nomás de imaginarme que se pueda hundir la casa con nosotros dentro”, dijo Norma Patricia Rodarte, una de las asistentes.
“A mí no me interesa si el PAN, el PRI o cualquier otro partido nos ayuda a resolver el problema que tenemos. Lo que queremos es que alguien haga algo, pues no podemos estar con la incertidumbre”, expuso Norma Patricia, quien propone que el Gobierno Estatal o Municipal les ofrezca cuando menos un terreno donde puedan construir poco a poco sus casas en otro lugar seguro.
“Nos cobran Predial y pagamos por todos los servicios. Entonces no es justo que abandonemos nuestras casas así nada más, pues no tenemos dinero para comprar otra casa”, añade.
Por su parte, el presidente del Comité Municipal del PAN, Israel Castro Muñoz, exige al presidente municipal, Carlos Aguilera Andrade, más sensibilidad ante el problema y la gestión de una solución definitiva.
Héctor Escamilla Ávila, regidor por el PAN, dijo que la situación es tan delicada que ya se debería haber convocado a una reunión de la Comisión de Protección Civil para abordar el tema y hacer todo lo necesario a fin de garantizar la tranquilidad de las familias.
Castro Muñoz pide también al Gobierno Estatal que se dé a conocer el estudio regional realizado desde el año pasado, toda vez que se autorizaron casi cinco millones de pesos del Fondo Nacional de Prevención de Desastres Naturales, para su elaboración, “ya que a la fecha no se sabe nada del estudio ni cuánto se invirtió”.
