Es la mala hora. La Administración calderonista cumple dos años, un tercio del mandato, sin acabar de constituirse en Gobierno. Si los 100 primeros días de la Administración fueron difíciles, los 100 últimos resultaron aún más complejos.
Dos años se fueron, precisamente aquellos donde la Administración debería asentarse como Gobierno, plantear su perfil y horizonte, consolidar el equipo de trabajo y, entonces, pasar a desplegar su energía. Se fue el bienio y, por lo visto, será menester fijar un nuevo plazo para ver cuál es la suerte del sexenio.
Como si quienes votaron por el calderonismo hubieran elegido un Gobierno a plazos, se pasará a la próxima centena de días para ver qué sigue y, luego, vendrán los 100 días de campaña para ver qué calificación recibe el calderonismo en la elección intermedia.
De 100 en 100 días, a plazos pero sin crédito ni facilidades, transcurre un sexenio con restricciones.
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Muchas de las ofertas de los 100 primeros días pasan ya al arcón de las promesas incumplidas o de los anhelos frustrados.
Muy poco queda de la imagen de Felipe Calderón como el presidente del empleo. Ni quién se acuerde del Programa del Primer Empleo... como tampoco del segundo o del tercero. Desdibujada está la estampa de "las manos limpias" cuando, justamente, en estos días, se hace alarde de la Operación Limpieza dictada por un testigo protegido, o sea, un delincuente comprado.
Los operativos policiales-militares ya no son el desfile para celebrar la recuperación de las plazas y las calles para la ciudadanía. La Alianza por la Calidad de la Educación aparece, ahora, como un barco a la deriva. El Programa de Infraestructura es un propósito sin consecuencia y hasta la coordinación de la Comisión Bicentenario es provisional. Lejos, muy lejos queda aquello de Vivir Mejor.
Del marcador del combate al crimen organizado, es mejor todavía no hablar. La guerra entre los cárteles cobra expresión en la descompostura de las dependencias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, mientras la industria criminal es de las pocas que, en plena crisis, expande y diversifica brutalmente su campo de acción, provocando una esquizofrenia colectiva.
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Pesan enormidades estos dos años porque, entre otras cuestiones, sus últimos 100 días tuvieron por marco dos secuestros que han conmocionado a la sociedad y, frente a los cuales, el Gobierno (no sólo el Federal) ha reaccionado con increíble falta de sensibilidad e impresionante cinismo.
A dos años del inicio de la Administración, el derecho a la integridad, la seguridad y el patrimonio ni siquiera aparece en el horizonte de la realidad nacional. No, no aparece y, sobra decirlo, cuando un Estado no es capaz de garantizar ese derecho, cualquier otra realización resulta pobre o chica.
Que el padre de un muchacho victimado por sus secuestradores lance el desafío a la autoridad de renunciar si no puede con la seguridad y que, al paso de 100 días, el padre de una muchacha secuestrada más de un año atrás concluya que "no tienen madre", no es síntoma de Gobierno. Todo lo contrario: es síntoma de desgobierno e incapacidad.
¿Cómo es posible que, a sabiendas de tener un plazo, la autoridad no se interese al menos por resolver cabalmente dos casos emblemáticos de un malestar social generalizado? Ni diagnósticos, programas, spots, aumentos en las partidas presupuestales, pruebas de control de confianza, nuevas patrullas o montañas de discursos acallan el clamor y el dolor de ésos y otros muchos padres. ¿Era y es mucho pedir cabalmente dos casos en particular?
Si ni por error la renuncia atravesó la cabeza de algún funcionario, legislador o juez, lo mínimo era atender a esos padres lastimados en lo más profundo de su razón de ser: los hijos. Pero no, no hay renuncias como tampoco compromiso serio.
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Grave, lo ocurrido en estos dos años pasados y, peor, lo qué ocurrirá en el porvenir -a causa del crítico entorno económico internacional-, lo increíble es que la Administración no acabe ni siquiera de coordinarse entre sí y de establecerse.
El círculo compacto de Los Pinos terminó por desfigurarse sin que ello supusiera la reconfiguración del Gobierno. Los cambios en las secretarías de Desarrollo Social, Economía, Gobernación, Función Pública y en la dirección del partido en el Gobierno no acaban de perfilar qué se quiere diseñar y menos todavía qué se quiere hacer. Incluso, se causa la impresión de que esos ajustes responden a necesidades de índole electoral que a la urgencia de consolidar el Gobierno.
Eso a nivel de ajustes y reacomodos en el Gobierno, al nivel de la coordinación entre las dependencias, particularmente, de seguridad y procuración de justicia, las diferencias campean en la imagen que generan y, de pronto, pareciera que ese desencuentro quiere cargarse a la cuenta de los mensajeros que son los medios de comunicación. Y, en ese mismo campo, llama la atención que el jefe del Ejecutivo haga pública, en medio del dolor provocado por la muerte de Juan Camilo Mouriño, la mezquindad y la ruindad que él mismo detecta en su equipo de trabajo y así, exhiba sin llamarlos por su nombre a más de uno de sus colaboradores.
Esa actuación, esa falta de coordinación, esa exhibición revelan una Administración rebasada y, sin embargo, no decide de una vez por todas qué quiere hacer del Gobierno. Si al arranque del sexenio, el calderonismo pretendía recuperar la doctrina y marcar distancia frente a la frivolidad foxista y el radicalismo de El Yunque, ahora entra en conciliación con ellos; si al arranque del sexenio, el calderonismo pretendía darle juego al panismo doctrinario como también a cuadros no panistas para darle eficacia a la administración, ahora parece enconcharse en el panismo sin distinguir diferencias.
No hay señales claras sobre la posibilidad de dar el paso de la administración al Gobierno. No se ve una estrategia, se advierte una desesperación.
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Delicado, que en dos años la administración no acabe de constituirse como Gobierno, delicado también resulta que los otros Poderes de la Unión así como de la Federación y los partidos políticos no entiendan la dimensión del problema que el país arrastra.
Someter el porvenir a plazos de 100 días o a la calamidad en curso no habla de una nación con un promisorio destino, sino un país que no acaba de encontrar el rumbo y, en la urgencia y la desesperación, agranda la distancia entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados, entre víctimas y justicia. Es la vulneración de la confianza en las instituciones.
Nada de lo que está ocurriendo debería entenderlo la Oposición priista o perredista como la oportunidad que agranda sus posibilidades. De la ruina de una Administración no brota necesariamente la fortuna de una Oposición y menos cuando los síntomas de descomposición se cifran en la degradación de las relaciones políticas, cívicas y sociales de la ciudadanía.
Competir a ganar elecciones sin conquistar el Gobierno es una apuesta sin sentido. Deja sin rumbo ni destino a quienes ganan y pierden como también a la ciudadanía.
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