El fenómeno chapulín se da en política, cuando un funcionario de elección popular abandona su cargo antes de que termine el período que de acuerdo a la ley corresponde a su gestión, para contender en otra elección con miras a obtener un nuevo puesto.
Es comprensible que los políticos visualicen su actividad como parte de una carrera profesional y por ende, se fijen objetivos con la mirada puesta en el ascenso continuo. Sin embargo, esta visión disociada del sentido del servicio y llevada al extremo de la ambición, genera un descuido de las tareas propias de la labor específica que corresponde en un tiempo determinado, en aras de la búsqueda inoportuna de ulteriores posiciones, lo que redunda en perjuicio del desempeño de la función actual y como consecuencia, en agravio de los intereses de los ciudadanos como destinatarios de toda acción de Gobierno.
Al abuso referido son proclives la generalidad de los políticos con independencia de su filiación partidista sin embargo, en el caso del proceso electoral que en el Estado de Coahuila inicia para renovar la Legislatura Estatal, llama la atención que nueve alcaldes en funciones todos ellos emanados del Partido Revolucionario Institucional han pedido licencia, lo que supone un abandono de sus respectivos cargos que en términos del notable número y de la importancia de los municipios que gobiernan, implica que al menos la mitad de los habitantes de la entidad, sufrirá los inconvenientes del relevo inesperado.
Dado que la estructura de poder en Coahuila conserva las características del sistema de partido de Estado, en el que el gobernador priista en turno es líder hegemónico del Gobierno y del partido en el Gobierno, resultan obligadas las especulaciones en virtud de las cuales, se atribuyen tales o cuales intenciones en cada uno de los casos.
Una lectura indica que el profesor Humberto Moreira busca afianzar su control sobre el Congreso la segunda mitad de su mandato, sin embargo, la medida de afectar la estructura de tantos y tan importantes municipios del estado resulta exagerada, si se toma en cuenta que en ningún caso el control de la mayoría por parte del PRI en el Congreso se encuentra en riesgo en las elecciones en puerta.
Por ello resulta natural la sospecha de que el gobernador tenga la intención de aprovechar el proceso para sacar de la jugada a uno o varios de los alcaldes que han pedido licencia, como se dice respecto al caso del alcalde de Saltillo, Fernando de las Fuentes.
Lo anterior no deja de ser una mera especulación porque en ese caso específico cabría una interpretación contraria, en virtud de la cual la idea es proteger a dicho personaje y prolongar su presencia en el escenario político de la entidad con miras a la gubernatura, cosa que no ocurriría si permanece hasta el final de su gestión natural como alcalde, que lo pondría en la banca dos años antes.
En el caso de cada uno de los alcaldes que pidieron licencia pueden hacerse interpretaciones imaginativas como la anteriormente lanzada al viento, sin que se despeje la incógnita sobre las verdaderas intenciones de la estrategia moreirista.
Lo que sí resulta inequívoco es que la reforma constitucional promulgada en tiempos de Enrique Martínez y Martínez, tendiente a prolongar el período de los ayuntamientos de tres a cuatro años, está siendo cuestionada por esta diáspora preelectoral sin precedentes de alcaldes en funciones.
La reforma estrenada en las últimas elecciones locales que llevaron al poder a los ayuntamientos actuales, tuvo por objeto prolongar el mandato de los gobiernos municipales con la presunta intención de que tuvieran más tiempo para planear y ejecutar sus proyectos, como alternativa a una propuesta de reelección que fue desechada en virtud del tabú histórico que tal tema implica.
Sin embargo, se advierte que la medida no funciona entre otras cosas, porque desquicia el calendario electoral en el Estado de tal suerte que al no coincidir las elecciones intermedias para renovar ayuntamientos y congreso, por una parte el fenómeno chapulín crece de manera exponencial y por otra, se llega al absurdo de generar nueve años electorales cada periodo de doce años, considerando elecciones locales intercaladas cada tres y cuatro años y elecciones federales que pueden o no coincidir con las locales, cada tres años.
Los coahuilenses debemos rectificar este verdadero disparate, que el año entrante amenaza con plantear en nuestro Estado dos distintas elecciones en distintos períodos y con distintas jornadas de votaciones, una elección local para renovar ayuntamientos y otra federal para renovar la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.
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