Es probable que el Senado inicie hoy el tratamiento legislativo de las iniciativas de reforma petrolera presentadas anteayer por el presidente Felipe Calderón. Es igualmente probable que cuente para ello con el asentimiento de las bancadas del PRI en ambas cámaras, con lo que sería posible la aprobación de los proyectos presidenciales en este mismo periodo de sesiones. Pero si con sólo afán de eficiencia y para derrotar a la Oposición se actúa de esa manera, se procedería de espaldas a una porción muy relevante de la sociedad, que demanda discutir esa reforma, tal como lo propuso el propio Calderón el 18 de marzo.
En esa fecha, el Ejecutivo cerró su discurso conmemorativo con un “llamado a todas las mexicanas y a todos los mexicanos para que dialoguemos de manera abierta, objetiva y serena, sobre las alternativas para fortalecer, y fortalecer de veras, a nuestra industria petrolera, y con ello fortalecer a México”. En la misma dirección, y con mayor puntualidad, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, habló entonces de “la necesidad de construir una visión común para encontrar soluciones a los retos que hoy enfrenta Pemex.
“Necesitamos construir una visión incluyente, con la participación de todos los actores políticos y sociales…Tenemos que trabajar con los académicos y los expertos. Tenemos que sumar el talento, la experiencia y la opinión de los trabajadores petroleros y de su sindicato. Tenemos que trabajar con la sociedad. Con todos los partidos políticos y con todos los legisladores.
“Queremos escuchar y contar con todas las voces, que nadie se quede afuera, que todos aporten para compartir un diagnóstico y una visión de los retos. La discusión de estos retos y la capacidad de construir acuerdos es relevante no sólo para la modernización de México sino también para la construcción de la democracia que queremos todos los mexicanos…En democracia los temas se tratan y se discuten abiertamente, sin violencia y sin rupturas, los temas se discuten con debate, con diálogo, con argumentos y con ideas”.
No es buena excusa para evadir la discusión social asegurar que durante meses se ha debatido el tema, porque hasta ahora se hablaba sobre generalidades, a falta de una definición formal del Gobierno al respecto. Pero ahora que se propone una nueva Ley orgánica de Pemex, reformas a la Ley petrolera (la reglamentaria en esa materia del Artículo 27) y la creación y reforma de dos órganos reguladores, es preciso debatir sobre los términos de las iniciativas. Y si en otras materias se han abierto consultas y mesas de debate en el Congreso, sería irresponsable no proceder de esa guisa en este caso, por la importancia histórica, económica y política que tienen el petróleo y Pemex en la vida nacional.
Rehusar la discusión social significaría reconocer que lo importante para el Gobierno es una victoria legislativa, cualquiera que sea su costo, y no una reforma que mientras encara los graves problemas de la producción petrolera sea factor de concordia. Pero eso es lo que hoy quieren el PAN y su partido. Germán Martínez, el líder panista insiste en que “donde se debe obtener la mayoría para reformular el uso del patrimonio de la nación es en el Congreso. Ni en las encuestas, ni en los aplausos de la calle ni de otra manera”. En cierto modo tiene razón: será en las cámaras donde se resuelva la cuestión, pero hay pasos previos, como la consulta pública, que no es infrecuente dar cuando se legisla sobre materias de menor rango (o, por mejor decirlo, de menor incidencia en la vida nacional) y sería por lo menos torpe no actuar en esa línea en este caso.
El Canal Once organizó cuatro mesas redondas, del lunes al día de hoy, con el título El futuro del petróleo. Debate de los mexicanos. Sería risible, y riesgoso, que se pretenda que de ese modo ha quedado saldada la oferta de diálogo. Ha sido, sí, un anticipo saludable de cómo escuchar las voces diferentes. Pero no se puede utilizar ese ejercicio como coartada para evadir la discusión extraparlamentaria, que no riñe con la que ocurra en el Congreso sino que la alimenta y enriquece.
Si se cierran al diálogo y apresuran la aprobación de las reformas, el Gobierno y sus partidos perderán, si la tienen, autoridad para reprochar a la resistencia civil pacífica sus planes para estorbar, y aun impedir, la discusión de las iniciativas. Se colocarían en la misma plataforma negadora de las posibilidades del acuerdo a partir de la discusión. Los legisladores del Frente Amplio Progresista, instados que fueron a practicar una huelga legislativa como parte de la resistencia, rehusaron acceder a ese llamado, porque en la naturaleza de su función está parlamentar, discutir. Han emplazado a ejercerla, sin embargo, si el debate parlamentario excluye el social, si no se convoca a la sociedad a expresarse y se le ofrecen los medios para que las varias voces sean difundidas equitativamente.
El cálculo de los políticos cazurros puede hacerles suponer que aprobar con premura las iniciativas significa disminuir el desgaste, como antes supusieron que era válido engañar a la población. Todavía anteayer en Chiapas Calderón fingió desinterés sobre el tema. “No sé, ya veremos”, fue su vaga respuesta cuando se le preguntó por la iniciativa de reforma cuya paternidad se le presionaba a aceptar. Y al día siguiente no sólo inició el proceso legislativo correspondiente sino que dirigió a la nación un mensaje que revelaba no-improvisación sino algunas cavilaciones.
